El Partido Popular interpondrá una querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los próximos días ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) por presunta prevaricación administrativa en el ascenso de su antecesora a fiscal de la Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo, máxima categoría del Ministerio Fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes del Partido Popular.
Según el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, este nombramiento tenía objeto de «pagar una deuda de gratitud» y propiciar así que Delgado se incorporara a la carrera en la máxima categoría, un nombramiento en el que, argumenta el PP, García Ortiz tuvo un carácter «decisivo».
Precisamente el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de noviembre el ascenso de Delgado al considerar que hubo «desviación de poder» por parte de su sucesor, por considerar que el fiscal general ejerció sus potestades «para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico».
En la querella que presentará el PP se recoge que no cabe duda de que García Ortiz sabía que no contaba con el respaldo legal cuando propuso a Dolores Delgado para el cargo alegando que la proposición del fiscal fue «arbitraria» y se hizo, al contrario de la opinión de la mayoría del Consejo Fiscal, «sin esfuerzo argumentativo ni respaldo normativo, basándose en su obstinación personal».
«PUEDE CONLLEVAR UN DELITO DE PREVARICACIÓN»
Fuentes del PP han resaltado que García Ortiz, «cuyo nombramiento no vio adecuado el CGPJ por no ser un perfil idóneo para el cargo, cometió desviación de poder» como ha «resuelto el TS» al nombrar a su predecesora y exministra Dolores Delgado como fiscal de sala.
El PP considera que «esa desviación de poder declarada en el ámbito administrativo puede conllevar además un delito de prevaricación según artículo 404 del Código Penal», han agregado las mismas fuentes.
Además, el partido ha indicado que la exministra «ha sido acusada recientemente por un fiscal anticorrupción de apartarle de investigaciones relevantes por el interés mercantil de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que a su vez fue apartado de la carrera judicial por una instrucción fuera de ordenamiento y contra los intereses del PP».
El PP ha recordado que Pedro Sánchez nombró fiscal general a su ministra de Justicia, que dejó el puesto a García Ortiz y éste «le entrega ahora un cargo que le ha supuesto ya el reproche de sus compañeros y un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de una asociación de fiscales».
Según los ‘populares’, la Fiscalía es en estos momentos «un apéndice del Gobierno y el fiscal ejerce como el ministro número 23 de Pedro Sánchez porque así se lo exige el presidente del Gobierno», han agregado las mismas fuentes.
«PARTICIPÓ EN ACTOS DE CAMPAÑA DEL PSOE»
Asimismo, el PP ha recordado que Álvaro García Ortiz «ya participó en actos de campaña del PSOE en Galicia contra Alberto Núñez Feijóo», algo que, según los ‘populares’, «acredita su compromiso con las siglas del PSOE y con las necesidades políticas y orgánicas de Pedro Sánchez».
«Las dudas sobre la imparcialidad en dicho órgano se suman al cuestionamiento legítimo acerca de la independencia de los integrantes del TC que han sido ministros de Sánchez, fiscales generales por designación de Zapatero o altos cargo en Moncloa con el actual Gobierno socialista», ha afirmado el PP.
Por todo ello, fuentes de la dirección nacional del PP han subrayado que «la despolitización de la Justicia es una necesidad en cualquier democracia, pero más aún en una en la que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez».