El PP y Vox llevan este martes al Pleno del Congreso sendas proposiciones de ley de reforma de la Ley de Indultos de 1870 para prohibir la concesión de esta medida de gracia a personas condenadas por delitos de sedición y rebelión, lo que impediría perdonar a los dirigentes independentistas que gestaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El PP registró su reforma en septiembre de 2020, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que iba a comenzar la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del ‘procés’, pero ahora ha decidido llevar su debate al próximo Pleno, justo cuando el Gobierno ya se prepara para resolver esos expedientes.
El Gobierno baraja conceder los citados indultos en una próxima reunión del Consejo de Ministros, sea el 22 o el 29 de junio, y el presidente Pedro Sánchez prevé dar cuenta de esta decisión ante el Pleno del Congreso, previsiblemente en la semana del 7 de julio.
El pasado martes ya hubo una primera votación en la Cámara Baja sobre los indultos a los presos del procés, en la que 190 diputados de PSOE, Unidas Podemos y los socios del Gobierno tumbaron la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de rechazar la medida de gracia.
Pero el PP buscará ahora apoyos en el Congreso para la toma en consideración de una reforma puntual de la Ley de Indultos que persigue que no se pueda indultar a los condenados por los delitos de sedición y rebelión.
LOS EXPERTOS DESACONSEJARON ESTABLECER DELITOS ININDULTABLES
En 2016 el PSOE propuso cambiar la Ley de Indultos, que data de 1870, para prohibir que la medida de gracia se aplique a condenados por corrupción y violencia machista, pero cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno con la moción de censura en 2018, esa iniciativa se congeló. Y es que el PP, que entonces era el primer partido de la Cámara, quería aprovechar para añadir en esa reforma que tampoco se pudiera indultar a los condenados por sedición.
Se llegó a organizar una ronda de expertos en el Congreso y todos los consultados coincidieron en la inconveniencia de establecer una lista de delitos para los que se niegue el indulto, ya que eso restringiría la potestad constitucional del Gobierno para conceder este ‘perdón’.
En la misma sesión del próximo martes, Vox también defenderá una reforma similar de la Ley del Indultos, pero también el Código Penal, con intención de castigar con entre tres y cinco años de cárcel la convocatoria de referendos no autorizados.
El partido que lidera Abascal incluye estas dos modificaciones legales en una proposición de Ley de protección integral de los denunciantes de corrupción que registraron el año pasado, pero cuyo debate han querido adelantar, al hilo de la polémica por los indultos a los condenados por el procés.
Así, proponen prohibir por ley indultar a condenados por delitos de «terrorismo, financiación ilegal de partidos políticos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública, la Seguridad Social», o los de «traición, rebelión, sedición» y los cometidos «contra la Constitución o las instituciones del Estado».
Y CÁRCEL PARA REFERENDOS NO AUTORIZADOS
Además, abogan por penar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que, sin tener competencias para ello, convoque consultas populares o referendos de los previstos en la Constitución.
En concreto, plantean la inclusión de nuevos artículos en el Código Penal para castigar a las autoridades o funcionarios públicos que, «careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución». Y piden para ellos penas de prisión de entre tres y cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.
También reclaman condenas para las autoridades o funcionarios que faciliten la celebración de esas consultas ilegales que van de uno a tres años de cárcel e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a la pena de prisión y penas de entre seis meses y un año o multa de 12 a 24 meses para quienes participen como interventores en las mismas o colaboren en su organización.
Asimismo, abogan por castigar con entre tres y cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios que doten de fondos públicos, subvenciones o ayudas a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por conductas relacionadas con delitos de terrorismo o a sus ‘herederos’.
DISPERSIÓN PARA LOS PRESOS POR SEDICIÓN
En otro de los puntos de su iniciativa, Vox defiende cambiar la Ley General Penitenciaria para que los condenados por delitos de terrorismo, traición, rebelión, sedición, contra la Constitución y el orden público deban cumplir sus condenas en comunidades donde no tengan representación parlamentaria autonómica partidos políticos que persigan o respalden actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado.
Por otra parte, Vox recoge también una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar los plazos en la instrucción de causas judiciales. Así, plantea que el juez proceda a concluir la instrucción «cuando considere que ha cumplido su finalidad».
