El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los atentados del 11 de marzo de 2004 y ahora juez en excedencia, Javier Gómez Bermúdez, cree que «la sentencia es mejorable» y no fue «redonda» porque no se condenó en primera instancia a Antonio Toro, a pesar de que el Tribunal Supremo le impuso finalmente una pena de cuatro años por tráfico de explosivos.
«Yo tendría que haberme esforzado más, porque si llego a razonar un poco más pues probablemente el Supremo hubiera validado la condena. Entendimos que había pruebas suficientes para condenarlo y nos quedamos cortos», reconoce en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del 20 aniversario de los ataques terroristas, unos hechos que prescriben este lunes.
Gómez Bermúdez, que desde hace siete años ejerce como abogado en el despacho Ramón y Cajal, fue el presidente del tribunal y el ponente de la sentencia que condenó a 18 personas por los atentados que segaron la vida de 193 personas y provocaron más de 2.000 heridos.
El magistrado en excedencia incide en que aunque la propia sentencia «no era redonda», cree que se hizo «un trabajo correcto». Eso sí, asegura que todavía no se explica cómo pasaron por alto la cuestión relativa a Toro. «Yo creo que estábamos tan metidos… Bueno (se me pasó), a mí en particular, que era el ponente y por lo tanto estaba obligado a proponer a los compañeros las tesis jurídicas», añade.
Pese a ese matiz, posteriormente subsanado por el alto tribunal, Gómez Bermúdez cree que los hechos quedaron probados de forma clara. Es por eso que lamenta la existencia de las «teorías de la conspiración», que a su juicio «han hecho mucho daño a las víctimas».
«El dolor que sienten por lo que han sufrido, por lo que les ha pasado, se ve encima aumentado por la duda, creada artificialmente. Seguir discutiendo cosas tan absurdas como si ETA intervino, o si había titadine o no… Yo creo que ha hecho mucho daño», afirma.
POLÍTICOS QUE SOSTIENEN «TESIS INSOSTENIBLES»
Echando la vista atrás, Gómez Bermúdez recuerda que los meses posteriores a los ataques «la sociedad estaba dividida» y se crearon distintos bandos, también entre los medios de comunicación. «Hay quien trataba la información más dignamente y quien no. Pero es que las teorías de la conspiración no tienen la más mínima base», insiste.
En esta línea, el ahora letrado lamenta que «todavía existan políticos, la mayoría retirados, que sigan sosteniendo tesis insostenibles». «Es su derecho, son ciudadanos, tienen libertad de expresión; ellos verán. Pero eso simplemente es ya una opinión», añade.
A pesar de todo, veinte años después de los atentados Gómez Bermúdez sostiene que «jamás, ni antes, ni durante ni después de la sentencia» nadie le ha abroncado o reprochado su actuación. «Nadie me ha abordado por la calle, digamos con malas formas, todo lo contrario. Los pocos que se acercan es para preguntarme o darme las gracias. La gente es muy amable», reconoce.
AGUANTÓ «EL CHAPARRÓN» DE ALGUNOS ABOGADOS DURANTE EL JUICIO
Preguntado si considera que hubo abogados que no actuaron bien a la hora de defender a sus clientes, Gómez Bermúdez señala que le sorprendió que «algunos, muy pocos, eran acusaciones particulares y actuaban como defensas».
«Esto me tenía perplejo», reconoce, antes de indicar que el presidente de un tribunal, en circunstancias así, puede tomar la decisión radical de expulsar del proceso a esos letrados. «Pero si haces eso –se explica– das una causa de nulidad. Por lo tanto, aguantas el chaparrón y punto, aguantas que las acusaciones pregunten cosas que no están en sus escritos, plantean tesis distintas y no pueden hacerlo».
Con todo, el magistrado en excedencia aplaude el «trabajo magnífico» de la mayoría de los letrados defensores que participaron y «sobre todo», destaca, «los abogados del turno de oficio», para quienes «supuso un sacrificio enorme porque sus despachos los tuvieron que cerrar durante un año y pico», ya que el juicio duró cuatro meses y medio –del 15 de febrero al 2 de julio de 2007–, más el tiempo hasta que el Supremo sentenció en firme, en 2008. «Hicieron un esfuerzo descomunal, mi recuerdo es muy bueno», resalta.
Gómez Bermúdez rechaza que lo vivido en el juicio del 11-M influyera en su decisión de dejar la judicatura, señalando que la sentencia la dictó en 2007 y su excedencia voluntaria para ejercer como abogado se produjo una década más tarde, en 2017, tras dos años como juez de enlace en Francia.
Sí que admite que tras la sentencia de los atentados y después de la del accidente aéreo del Yak-42, que fue «particularmente dañina» para su futuro en la carrera judicial, quedó «amortizado».
«Yo ya sabía que no iba a llegar al Tribunal Supremo. Y llega un momento en el que decido probar otras experiencias, nada más», asegura, para añadir que no descarta poder volver a la judicatura, un retorno que no se ha dejado de plantear porque se considera «juez de vocación», pero desliza que lo ve «francamente difícil».
«HAY QUE DAR ALGUNA ASIGNATURA»
Para que lo que pasó el 11-M de 2004 no quede en el olvido, el ahora abogado considera «imprescindible» que se dé clase en las escuelas. «Alguna asignatura de contenido ético hay que dar a los chicos, y que entiendan lo que es la intolerancia, lo que es el radicalismo, adónde ha conducido históricamente, etcétera», sostiene.
No basta, en su opinión, con recordar los atentados de Madrid o el terrorismo en general en asignaturas tradicionales como Historia, donde cree que se imparten los contenidos de forma genérica. «No me vale con eso», señala, demandando una asignatura que, «a través de la ética, enseñe los comportamientos democráticos, la base democrática», que es «imprescindible».
Sobre si ve a España bien coordinada policial y judicialmente para prevenir nuevos atentados, Gómez Bermúdez hace hincapié en el papel del azar: «Juega como con humor negro, parece una broma ver cómo se conjugan factores para que se produzca, y la mitad son de azar. Son desgracias que ocurren. En todos los atentados, no hay que olvidarlo, hay un componente de mala suerte».
El juez en excedencia señala que en un atentado siempre hay un fallo de seguridad. En este sentido, menciona que en los de Barcelona, en agosto de 2017, no había ningún obstáculo en la calle que impidiera que la furgoneta de los terroristas se colara en las Ramblas y arrollara a muchas personas, así como que «a nadie se le ocurre pensar que nadie tiene 30 bombonas de butano», en alusión a la explosión en la casa de Alcanar (Tarragona) que usaba la célula yihadista.
«Siempre hay un fallo de seguridad, pero a posteriori es muy fácil prevenir las cosas», advierte, tras recordar que muchas ciudades españolas decidieron, tras el atentado de Niza (Francia) en 2016, poner obstáculos físicos para evitar que en determinadas zonas muy peatonales pudieran entrar vehículos con intención de atentar.
LA SITUACIÓN DE LOS 18 CONDENADOS
De los 18 condenados por los atentados, tan solo tres permanecen en prisión: Jamal Zougan, Othman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras. Fuentes jurídicas explican a Europa Press que los tres cumplirán sus respectivas condenas en 2044; los dos primeros se encuentran en primer grado y Trashorras en segundo grado.
Los 15 restantes se encuentran en libertad porque ya cumplieron sus respectivas penas. Del total, 8 fueron expulsados a sus países de origen una vez se practicó el licenciamiento de sus castigos. Otro de los condenados, Hassan el Haski, fue extraditado a Marruecos en junio de 2019 cuando cumplió la pena por el 11-M para ingresar en prisión por otro asunto judicial.
