El PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para renovar el que se ha convertido, muy a pesar de sus miembros, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mayor duración. Cinco años y medio han hecho falta para consensuar 20 nombres, entre medias se han suscitado una serie de desencuentros, desde el ‘whatsapp’ del exsenador ‘popular’ Ignacio Cosidó hasta la mediación de Europa.
El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 y completó su mandato cinco años después. Desde entonces estaba pendiente que socialistas y ‘populares’ pactaran la composición del siguiente Consejo.
El proceso de renovación arrancó en agosto de 2018, cuando su presidente, Carlos Lesmes, comunicó a las Cortes la apertura del plazo para presentar candidaturas, ya que los 20 vocales son elegidos a partes iguales por ambas cámaras, con 10 cada una –6 entre jueces y magistrados y 4 entre juristas de reconocida competencia–.
En septiembre, Lesmes les remitió la lista con los 51 precandidatos propuestos por las asociaciones judiciales para los 12 asientos que corresponden a jueces y magistrados.
El 12 de noviembre de 2018, se dio a conocer un acuerdo por el que PSOE y PP colocaban al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, en la cúspide del CGPJ, a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores.
A los pocos días el acuerdo saltó por los aires por un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores ‘populares’ del momento. Según reveló El Español, quería apaciguar los ánimos ante las críticas internas por el pacto.
«Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y ‘auctoritas’ para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás», decía Cosidó, en alusión a la sala que juzga a los aforados.
EL RELOJ EMPIEZA A CORRER
El 4 de diciembre de 2018 legó sin acuerdo político para nombrar un nuevo CGPJ. Transcurrido un mes, Lesmes envió la primera de sus cuatro cartas a los presidentes de las Cortes para recordarles «la necesidad» de cumplir con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que les encomienda actuar para renovar en plazo.
Su última misiva al Legislativo fue en julio de 2020, cuando superadas las elecciones generales de noviembre de 2019 que validaron el desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y en la fase de desescalada tras el primer estado de alarma por el coronavirus, creyó oportuno recordar a las Cortes ese «mandato legal».
Pese a ello, en septiembre de 2019 Lesmes protagonizó la apertura del año judicial como presidente de un CGPJ caducado y advirtió de que la situación era una «grave anomalía» que podía contribuir al «descrédito» de la Justicia.
Lesmes pronunció hasta cuatro discursos de inauguración del curso judicial estando en funciones. En el del 7 de septiembre de 2022 dejó caer una velada amenaza de dimisión que luego confirmó a la prensa.
PENDIENTES DEL CALENDARIO ELECTORAL
En la segunda mitad de 2020 las negociaciones sobre el CGPJ estuvieron ligadas al calendario electoral y otros hitos políticos que acercaron y alejaron el acuerdo.
Ese otoño, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los 20 vocales y otra para prohibir que un CGPJ caducado pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial. Ante las críticas de oposición, asociaciones judiciales y de Bruselas, el Ejecutivo retiró la primera pero mantuvo la segunda, que se aprobó en marzo de 2021.
Ello propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa. Las conversaciones dieron sus frutos y pactaron las renovaciones pendientes del TC, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
En ese punto, dos nombres dinamitaron el acuerdo para el CGPJ: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar y que el PP se negó a aceptar. Repuestos de ese revés, el ministro de Justicia por aquella época, Juan Carlos Campo, aseguró que las conversaciones seguían y que la lista estaba hecha, a falta de que el PP quisiera hacerla pública.
Campo habló de la conveniencia de esperar a las elecciones madrileñas de mayo de 2021, pero el devenir político se impuso de nuevo. En junio, el Gobierno indultó a los 9 condenados por el ‘procés’ y la renovación se estancó.
El 20 de septiembre, el PP trazó una línea roja al someter a un debate plenario en el Congreso su propuesta de cambiar el sistema de elección de los vocales –para que sean elegidos por los propios jueces–, una idea que hasta ese momento no era condición ‘sine qua non’ y que el Ejecutivo rechazó.
LA VISITA DE REYNDERS
En abril de 2022, el cambio en el liderazgo del PP, de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo, avivó una esperanza que se disipó por la convocatoria electoral en Andalucía.
Entretanto, el CGPJ se redujo de 20 a 18 vocales por la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto. Venció también el mandato de 4 de los 12 magistrados del TC, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y Moncloa deslizó la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo. Ante las dudas legales, promovió una reforma exprés de la LOPJ para que los vocales pudieran designar a sus dos candidatos y poder nominar en ‘pack’.
PSOE y PP se enrocaron en sus posiciones hasta el punto de que Lesmes amenazó con dimitir en «semanas» y el entonces comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitó España para implicarse en la búsqueda de una solución.
Aunque se fue convencido de que había arrancado a Gobierno y oposición el compromiso de renovar y luego reformar el sistema de elección, PSOE y PP rebajaron ese compromiso. Luego los ‘populares’ se levantaron de la mesa ante la eventual reforma que derogó la sedición y modificó la malversación.
Lesmes intentó dejar encaminados los nombramientos al TC antes de marcharse, pero la parálisis en el CGPJ le llevó a dimitir el 9 de octubre de 2022.
DOS PRESIDENTES INTERINOS
El vocal Rafael Mozo sucedió a Lesmes. Asumió la presidencia interina del CGPJ, no así la del Supremo, que quedó en manos del magistrado Francisco Marín, lo que produjo una bicefalia inédita. Dos meses después, el órgano llegó a un acuerdo para designar a los dos magistrados que le correspondían al TC.
Tras la salida de Lesmes, el CGPJ sufió otra baja, la dimisión de la vocal Concepción Sáez. En julio de 2023, se jubiló Mozo y su cargo de presidente interino recayó en Vicente Guilarte, quien ha intentado promover la renovación.
Guilarte, de hecho, presentó una propuesta a las Cortes para evitar futuros bloqueos del CGPJ. Planteó dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos «a toda contaminación política previa» o que el nombramiento de los vocales judiciales –12 de los 20– quede en manos de los propios jueces con la misma prevención.
Desde diciembre, PP y PSOE han intentado cerrar un acuerdo bajo la supervisión de la Comisión Europea, una condición de los ‘populares’ que se materializó en reuniones que quedaron en el aire con la salida de Reynders en marzo, por su candidatura al Consejo de Europa.
Por el camino, todos los actores han lamentado del desprestigio institucional que han supuesto estos cinco años y medio. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan como víctima tangible al TS, donde la imposibilidad de cubrir vacantes ha situado a varias de sus salas al borde del colapso. El atasco podría tardar en resolverse cerca de un año, avisan.
