El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado hoy que el Real Decreto para dar transparencia a la Casa Real no regula la declaración de bienes del Rey Felipe VI, que él publicará con la periodicidad que decida, aunque sí prevé que los altos cargos de la casa la presenten cuando inicien y concluyan mandado. Además, establece que el Tribunal de Cuentas audite las cuentas de la Jefatura del Estado, que deberá publicar la ejecución presupuestaria en su web cada tres meses.
Estas obligaciones forman parte del Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno con el fin de dar transparencia y modernizar la Casa Real española que ahora, según el ministro, se homologa a los más altos estándares de las casas reales europeas.
Según Bolaños, el Real Decreto que hoy se ha aprobado es el fruto del trabajo de meses entre el Ejecutivo y la Casa Real y que se ha «intensificado» en las últimas semanas. Esta medida ha venido acompañada de otro hecho en el día de ayer con la publicación de su patrimonio por parte del Rey Felipe VI.
No obstante, el ministro ha explicado que la declaración de bienes de su Majestad el Rey no está regulada en el Real Decreto, «de tal manera que será el propio Monarca el que, con la periodicidad que él establezca irá publicando su declaración de bienes o de patrimonio».
SE REGULA LA CONTRATACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
Según Bolaños, el Real Decreto cuenta con tres bloques: el primero, sobre la transparencia; el segundo, la eficiencia en el servicio público y el tercero, la ejemplaridad.
Para dar cumplimiento de la transparencia, el texto aprueba una nueva regulación de la contratación y los procedimientos de Casa Real en la misma. Así, se introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones, respetando la autonomía presupuestaria de Casa Real pero también de todos los principios que rigen la contratación pública en España. Estas nuevas instrucciones de contratación se tendrán que publicar obligatoriamente en la web de Casa Real.
En el segundo bloque, el de la transparencia, se contempla la obligatoriedad de que las cuentas de Casa Real serán auditadas por el tribunal de Cuentas. Para ello se suscribirá un convenio de colaboración con el Tribunal y será una auditoría externa que verificará que las cuentas y la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera.
Además, se establece que la información de las cuentas se publicará de manera periódica en la web, tanto los presupuestos como la ejecución trimestral de los mismos, así como todos los contratos suscritos, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades de la Casa.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ABOGACÍA DEL ESTADO
El ministro de Presidencia ha explicado que una de las primeras medidas para la coordinación entre las Administraciones y la Casa del Rey será la celebración de convenios de colaboración con la Abogacía General del Estado con el fin de tener asesoramiento jurídico y también la posibilidad de realizar convenios de colaboración con distintos órganos de la administración. Algunos ya están en vigor como el realizado con la Secretaría de Estado de Comercio.
Además, algunos servicios se vincularán a la función pública. En este sentido, la dirección de la oficina de la intervención de Casa Real será ejercida por un funcionario del cuerpo de Interventores del Estado y también el consejero diplomático será un miembro de la carrera Diplomático. Es decir, «se apuesta por la función pública», ha apostillado Bolaños.
También se da rango legal a la asistencia sanitaria a Casa Real que es prestada por la Guardia Real por un convenio del Ministerio de Defensa y ahora se incorpora al ordenamiento a través de este Real Decreto.
LOS ALTOS CARGOS DE CASA REAL TAMBIÉN DEBERÁN PUBLICAR SUS BIENES
Finalmente, en el bloque de la ejemplaridad se prevé que los integrantes de la Casa Real deben ejercer sus funciones con arreglo al código de conducta de la Casa del Rey. Es decir, que deben velar por los intereses generales y basarse en los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, austeridad, honradez y de protección del medio ambiente e igualdad entre hombres y mujeres.
También los altos cargos de la Casa del Rey deberán publicar su declaración de bienes tanto en el nombramiento como en el cese, al igual que el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado.
En cuanto a los regalos, estos serán inventariados y custodiados con el fin de estudiar si permanecen en la Casa o pasan a Patrimonio Nacional o se donan a entidades sin ánimo de lucro.
Félix Bolaños ha manifestado la satisfacción del Gobierno por la aprobación de esta norma, por la apuesta de la Monarquía por la rendición de cuentas y por lo que consideran un «avance» para que la Casa Real sea una más de las Casas Reales europeas. Ha defendido que es ha salido con el acuerdo del Gobierno en su conjunto porque todos apuestan por una modernización de la Monarquía.
VALORA POSITIVAMENTE QUE CASA REAL SE LO COMUNICARA A ALGUNOS PARTIDOS
Según el ministro, el real decreto consolida en una norma jurídica y da rango legal a muchas prácticas que se venían llevando a cabo ya además de introducir otras nuevas iniciativas. Además, se coordina a la Casa con la Administración del Estado y da respuesta a la petición de la ciudadanía de ejercer la ejemplaridad y la transparencia en todas las instituciones y también en la Jefatura del Estado.
Bolaños no ha querido entrar a las críticas de los partidos a los que Casa Real no les comunicó la aprobación de este Real Decreto. Se ha limitado a decir que poco tiene que decir al respecto porque «ha sido una deferencia de la Casa Real con algunos grupos parlamentarios» que él valora positivamente.
Tampoco ha respondido si con este Real Decreto se culmina el proceso de modernización de la Corona. Solo ha precisado que se trata de una norma «muy importante» que hay que ponerla en valor porque es la primera vez que en muchos años se modifica la norma que regula la Casa Real.
Y al ser preguntado si en los trabajos que han realizado con la Jefatura del Estado no se había abordado la inviolabilidad del Rey, Bolaños ha precisado que esta es una norma establecida en la Constitución «con mucha claridad» y la posición del Gobierno la fijó el presidente del Gobierno.
