El secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, y otros altos cargos del partido declararán este viernes en calidad de investigados ante el juez que investiga las cuentas ‘moradas’, en especial los contratos suscritos con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
Del Olmo, así como Daniel de Frutos, administrador mancomunado de la coalición electoral Unidas-Podemos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; tendrán que comparecer como investigados entre las 10.00 y las 13.00 horas en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid.
El titular de este juzgado madrileño, Juan José Escalonilla, también ha pedido que este 20 de noviembre comparezcan como testigos los representantes legales de varias empresas contratadas por Podemos para las obras de reforma de su nueva sede nacional, que declararán entre las 13.00 y las 14.15 horas.
Se espera que las declaraciones se centren en el contrato por el cual Podemos pagó 363.000 euros a Neurona para las elecciones generales. El juez, la Fiscalía Provincial de Madrid y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que pudo ser un contrato simulado –es decir, que no se prestó servicio alguno–, para desviar dinero de las cuentas del partido.
El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, que presentó la denuncia de la que partió el caso, indicó en la misma que Del Olmo, como responsable de las campañas electorales, fue quien tomó la decisión de contratar a Neurona y que De Frutos, como tesorero, se encargó de que las cuentas permanecieran en «la más estricta opacidad».
La segunda cuestión que centrará la ronda de declaraciones de este viernes son las obras de reforma de la nueva sede de Podemos que, según Calvente y la también ex abogada del partido Mónica Carmona –que así lo declaró como testigo–, se sacaron a concurso por 649.000 euros pero el coste real fue de 1,3 millones de euros.
Previsiblemente, Escalonilla interrogará sobre este asunto a Val, a la que Calvente y Carmona acusan de adjudicar las obras por encima del precio de licitación para beneficiar a ciertas empresas, y a Deodato, por ser la responsable de Compras y Finanzas de Podemos.
MOVIMIENTOS DE DINERO
La relación entre Podemos y Neurona es el principal foco de interés. El partido ha entregado al juez más de 1.400 documentos para probar que los servicios se prestaron, de acuerdo con su abogado, Gorka Vellé. La empresa, por su parte, asegura que también posee una serie de archivos –vídeos, fotografías e instrucciones sobre diseño gráfico– que no ha entregado a Escalonilla porque no se las ha pedido pero que, si lo hace, está dispuesta a aportar, según ha podido saber Europa Press.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), elaborado a petición judicial, y la contabilidad de Neurona de los años 2019 y 2020, entregada al juez por el administrador de la empresa, Elías Castejón, –también investigado– reflejan que Podemos pagó los 363.000 euros del contrato electoral en varias transferencias, así como otros ingresos del partido a la consultora política por valor de 425.443 euros.
Los apuntes contables de Neurona, a los que ha tenido acceso Europa Press, también muestran varias transferencias de esta empresa a la sociedad mexicana, Creative Advice, a la que subcontrató para que fuera quien prestara los servicios contratados por Podemos. En total, hubo un trasvase de 307.000 euros de la primera a la segunda.
LA DENUNCIA DE CALVENTE
La denuncia de Calvente apuntó cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras de Podemos –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de las obras de la sede nacional.
Escalonilla ha archivado la causa en lo tocante a los contratos electorales con ABD y a la llamada ‘Caja B’, manteniéndola abierta para los otros hechos denunciados. Sin embargo, el Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».
Además, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque «resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias».
