Organizaciones del ámbito de la discapacidad han pedido reducir el IVA que se aplica a las entidades de carácter social para «minimizar» su «impacto negativo».
Así ha quedado reflejado en la reunión sobre futuras reformas de la Directiva de la Unión Europea sobre el IVA que ha tenido lugar en la sede de la Fundación ONCE en Madrid. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Fundación ONCE han sido los convocantes pero también han participado otras entidades de la discapacidad y del tercer sector de acción social, así como personas expertas fiscalistas.
El objetivo principal de esta reunión ha sido establecer las pautas específicas que deben seguirse para lanzar una campaña de incidencia sobre la Directiva 2006/112/CE para la consecución de una posible aplicación de una alícuota de gravamen en el IVA inferior al 5% para los servicios prestados por las entidades de carácter social.
Asimismo, pretenden alinear a distintas entidades del ámbito social y de la discapacidad en torno a estos objetivos y recopilar reflexiones y elementos que permitan la elaboración de un plan de acción estratégico para abordar dichos cambios regulatorios en el actual contexto político a nivel europeo.
La directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de la Fundación ONCE, Lourdes Márquez, ha planteado la cuestión de qué oportunidades tienen las entidades no lucrativas para no sufrir la legislación del IVA actual, ya que no se lo pueden deducir, como sí hacen las entidades mercantiles.
El experto en asuntos públicos de la consultora Weber, Luis Cervilla, ha explicado que existen dos posibilidades «alcanzables», o bien incidir en la modificación de la Directiva actual, lo cual conllevaría un largo periodo de tiempo o en el desarrollo de un acto delegado que complemente la normativa en un menor tiempo.
Actualmente, recuerdan que la Comisión Europea no se plantea desarrollar ninguna normativa relacionada con este asunto, por lo que consideran «importante» desarrollar una estrategia de incidencia política para que se lleve a cabo. Según Cervilla, la idea principal es «definir de la forma más específica posible qué solicitudes y demandas políticas se pueden presentar para que se lleve a cabo una reforma de la Directiva o la elaboración de un acto delegado».
«Es importante que se lleve a cabo un sondeo con la Comisión Europea en nombre de las organizaciones para ver qué opiniones tienen al respecto de la reforma», ha aclarado Cervilla.
Igualmente, han resaltado la importancia de comenzar conversaciones con los eurodiputados del Parlamento Europeo y comenzar a hacer «ruido», acompañados de las organizaciones sociales a escala europea para que apoyen la iniciativa, con el fin de demostrar que es un problema europeo y no solamente nacional. Según Cervilla, hay que «cristalizar concretamente cuáles son los cambios que se necesitan y aportar soluciones».
SE COMPROMETEN A PLANTEAR UN GUIÓN Y A ANALIZAR COSTES
Cervilla también ha advertido que, hasta que no se conforme la nueva Comisión Europea, no pueden comenzar las negociaciones con los comisarios europeos, que son quienes deben resolver el asunto. En todo caso, los asistentes a la reunión se han comprometido a comenzar con los estudios, «planteando un guión con los siguientes pasos y analizando los costes para marcar el camino para seguir adelante».
También se ha puesto sobre la mesa la probabilidad de que, si no se desarrolla a escala europea, se pueda trabajar en el plano nacional, por lo que no se descarta la posibilidad de que se lleven a cabo dos campañas paralelas (española y europea).
Finalmente, por parte del CERMI, el gerente del CERMI Estatal, Luis Alonso, ha mostrado su acuerdo con el planteamiento que se va a llevar a cabo y ha destacado la importancia de que, durante la campaña, se emitan «mensajes claros y entendibles», ya que no toda la ciudadanía y ni siquiera los responsables públicos dominan en la cuestión, que es muy técnica.
