El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá a las 19.00 horas de este martes para valorar su posible dimisión en bloque con el objetivo último de forzar la renovación del órgano –que lleva más de cuatro años caducado–, una decisión sobre la que sigue sin haber consenso entre estos 8 vocales.
La iniciativa partió el pasado jueves del vocal progresista Álvaro Cuesta, un día después de que se conociera que su compañera Concepción Sáez había presentado su renuncia al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, el 13 de marzo ante la «insostenible» situación del Consejo, tanto por la interinidad como por las tensiones internas.
La idea era que los otros 7 vocales progresistas –los designados a propuesta del PSOE más Enrique Lucas, nominado por el PNV pero que suele alinearse con este bloque– se sumaran a Sáez para poner en peligro el ‘quorum’ del Pleno y empujar a Gobierno y PP a pactar la renovación, pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.
Sin embargo, las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que desde entonces la teoría inicial se ha ido desmoronando por las crecientes dudas de que la partida de los 8 vocales progresistas puedan llegar a maniatar al CGPJ.
Así las cosas, las mismas fuentes aclaran que los vocales progresistas asistirán a la reunión de mañana sin una postura unánime, por lo que la maniobra planteada por Cuesta -advierten algunas voces– podría «quedar en nada».
El viernes, hubo una primera reunión con 5 vocales –Cuesta, Mozo, Sáez, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga– que sirvió para abrir la «reflexión», ya que los 3 restantes –Mar Cabrejas, Roser Bach y Lucas– no pudieron asistir ni telemáticamente.
Dado que aún no hay una postura unánime, de la cita de este 28 de marzo se espera más un intercambio de opiniones entre los vocales progresistas que una decisión definitiva sobre la eventual dimisión conjunta.
No obstante, desde el ala progresista apuntan que la intención es llevar al menos una postura clara al Pleno ordinario del jueves, donde ya figura en el orden del día una «dación de cuenta» de la renuncia presentada por Sáez y un «análisis de la situación actual del Consejo General del Poder Judicial».
EL ‘PLAN B’ DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Los interrogantes giran en torno a las consecuencias prácticas de esta hipotética dimisión colectiva. En primer lugar, por el ‘quorum’ del Pleno. Actualmente, es de 11 (diez más el presidente), por lo que la partida de los vocales progresistas podría impedir que se constituyera. Sin embargo, desde el ala conservadora se avisa de que, puesto que Mozo es un presidente interino, podría interpretarse que con los 10 miembros conservadores es posible seguir trabajando.
Además, la citadas fuentes recalcan que, incluso en el caso de que fuera imposible formar Pleno, la Comisión Permanente –para la que solo se requieren 7 vocales– podría continuar funcionando, manteniendo así activo el CGPJ.
Los conservadores alertan también de que la renuncia conjunta podría constituir un delito de abandono de la función pública, si bien la corriente progresista descarta este escenario, porque llevan cuatro años ocupando el cargo de forma interina y por el precedente de Carlos Lesmes, que renunció a la Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS) el pasado 9 de octubre para propiciar, precisamente, una renovación que no llega.
Con todo, desde ambos bandos reconocen numerosas dudas de índole jurídica, aunque coinciden en que la dimisión de los 8 vocales progresistas sería un golpe de efecto en el contexto de un CGPJ cada vez más deteriorado.
