El segundo examen que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha realizado a diez órganos constitucionales para analizar su obligación con la transparencia sitúa al Tribunal de Cuentas a la cabeza, con un porcentaje del 87,4%, y sólo suspenden al Consejo Económico y Social (CES), que se queda con un 48% al no publicar ni la mitad de la información que está obligado a dar.
Así se recoge en los informes de evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia en una decena de órganos constitucionales durante en el periodo comprendido entre enero de 2020 y febrero de 2021. EL CTBG hizo el primer control en 2016, justo después de entrar en vigor la conocida como Ley de Transparencia.
En concreto, el Consejo que vela por el cumplimiento de esa norma ha examinado a las Cortes Generales, la Casa del Rey, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas, el Consejo de estado, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.
Según el informe global, recogido por Europa Press, estas instituciones publican en promedio casi el 81% de las informaciones obligatorias aunque existen diferencias entre bloques de información y una gran variabilidad entre las instituciones evaluadas. Mientras en el bloque de Información Institucional y Organizativa se publica prácticamente el 88% de lo obligado, en lo que hace referencia a Información Económica y Presupuestaria la proporción de contenidos obligatorios publicados alcanza el 78%.
La conclusión es que, en promedio, «el índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) alcanza un valor elevado, un 75,7%» y que «bastaría con aplicar algunas de las recomendaciones para obtener una notable mejora».
CASI UN SOBRESALIENTE
La nota más alta la saca el Tribunal de Cuentas, al que el Consejo puntúa su compromiso con la transparencia con un 87,4%. En concreto, le aplaude que haya incluido no sólo todos los contenidos obligatorios sino también material adicional, pero cuestiona por «escasas» las referencias sobre la vigencia de parte de la información publicada, lo que impide que se pueda comprobar si cumple con los requisitos de actualización.
La institución que preside María José de la Fuente roza el sobresaliente, aunque Transparencia aprovecha para recomendarle publicar información sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas –y si no se conceden, debería dejar constancia– y valorar la posibilidad de ofrecer datos de ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada.
Le siguen en la lista el Senado y el Congreso, que han alcanzado un cumplimiento del 86,8% y del 82% respectivamente. En el informe relativo a la Cámara Alta se pone de relieve su compromiso con la transparencia, cercana al 87%, pero le aconseja revisar la organización de la información para ajustarla más al patrón de la Ley de Transparencia, sobre todo en lo relativo a la información institucional y organizativa, y actualizar algunas informaciones que datan de 2019, como las retribuciones.
Sobre el Congreso, el Consejo de Transparencia apunta a la falta de publicación de algunos contenidos obligatorios –entre ellos su presupuesto para 2021–, así como las referencia a la fecha en la que se actualizó por última vez la información como los principales factores que explican ese 82% de índice de cumplimiento con la transparencia.
En porcentajes similares se encuentran los principales órganos judiciales. El Consejo de Transparencia da un notable tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al Tribunal Constitucional con dos notables altos: al primero con un 86,1% y con un 85,2% al segundo.
LOS ÓRGANOS JUDICIALES SACAN MEJOR NOTA QUE LA CASA REAL
Tras ellos figura la Casa del Rey, que cumple con sus obligaciones con la transparencia en un 78% puesto que el Consejo que vela por su cumplimiento echa en falta datos como los relativos a indemnizaciones y compatibilidades de su personal.
Detrás aparece la Oficina del Defensor del Pueblo, cuyo porcentaje se sitúa en el 77,2% pese a las carencias que Transparencia percibe en la falta de datos estadísticos sobre contratos adjudicados, presupuestos de 2021 o contratos menores.
En la parte baja de la tabla figura el Consejo de Estado, cuyo cumplimiento de las obligaciones de transparencia alcanza un 71,9%, porque le falta publicitar datos relativos al perfil y trayectoria profesional de sus responsables, identificar a los titulares de los puestos directivos o dar a conocer las retribuciones de los altos cargos.
APROBADO RASPADO DE LA FISCALÍA
Con un aprobado raspado se encuentra la Fiscalía General del Estado, a la que el CTBG puntúa con un 53,6%, en su caso por carencias en información relativa al bloque institucional y organizativo.
Pero la peor nota la saca el Consejo Económico y Social (CES), ya que sólo recoge el 48% de la información que debía incluir en su web, sobre todo del bloque económico y presupuestario, además de no hacer referencia en el Portal a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada.
Por todo ello, el Consejo que dirige José Luis Rodríguez Álvarez recomienda incluir más datos sobre las retribuciones y trayectoria profesional de los máximos responsables del CES, las indemnizaciones que cobran al dejar el cargo, los contratos y convenios de colaboración de la institución, y los informes de fiscalización de Tribunal de Cuentas sobre su funcionamiento.
También se aconseja al CES actualizar toda la información, ya que han detectado que hay datos «desfasados», y publicar cuadros resumen de su plataforma de contratación para que sean legibles par el usuario.
POCO USO DE LA TRANSPARENCIA
Por otro lado, el Consejo de Transparencia señala que «la actividad derivada del ejercicio del derecho de acceso tiene escasa entidad en estas instituciones, dado que en promedio y para las instituciones que han remitido información se recibieron poco más de 78 solicitudes de acceso a información pública» en todo el año 2020.
Ese «escaso volumen» hace todas las solicitudes se tramiten, tanto las recibidas en el año como las pendientes del ejercicio del año anterior. Además, las solicitudes inadmitidas «tienen escasa entidad en términos absolutos, representan el 13,45% del conjunto de solicitudes tramitadas».
