Rafael Redondo, el socio de José Manuel Villarejo, ha negado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga tres piezas separadas de ‘Tándem’ cualquier ilegalidad en la investigación que CENYT –el grupo empresarial del ahora comisario jubilado– llevó a cabo en ‘Iron’ para un despacho de abogados, atribuyendo las frases comprometedoras que quedaron registradas en las grabaciones que hacía el propio Villarejo a los excesos verbales de éste como parte de sus «labores de marketing».
Redondo ha comparecido como acusado por presuntos de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad en documento mercantil y extorsión en grado de conspiración por su supuesta intervención en las labores de espionaje que CENYT habría ejecutado en los proyectos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 102 años de cárcel.
En esta decimocuarta sesión, el interrogatorio a Redondo se ha centrado en ‘Iron’, un trabajo que CENYT desarrolló entre 2013 y 2014 para el bufete Herrero&Asociados para investigar a otro despacho de abogados, Balder, porque sospechaba que le había robado la base de datos y con miras a emprender acciones legales que finalmente cristalizaron en una denuncia penal.
El acusado se ha definido como un mero «empleado de CENYT» cuya labor se habría limitado a la de «abogado de empresa» y «director jurídico» de Stuart&McKenzie, el bufete del grupo empresarial. «Yo tengo mi trabajo y mi función, y no me salgo de ahí», ha dicho al responder a las preguntas del fiscal César de Rivas.
En el caso concreto, ha aseverado que su papel en el proyecto ‘Iron’ fue únicamente el de preparar la denuncia y dirigir el procedimiento judicial que desencadenó la misma, rechazando expresamente que participara en la obtención de datos reservados o que llegaran a sus manos.
«MÁS ILEGAL QUE UNA PATATA»
De Rivas le ha enfrentado a comentarios realizados por Villarejo en las reuniones con miembros de Herrero&Asociados a las que Redondo asistió, recordando uno en el que el comisario hablaba de un documento tributario –el modelo 347– cuya obtención «es más ilegal que una patata».
«Es un comentario que hizo que a lo mejor ahora, sacado de contexto, no resulta apropiado», ha admitido, para enmarcarlo a continuación en una «charla de comercial» de Villarejo con los clientes.
En este punto, el representante del Ministerio Público ha querido saber por qué no advirtió a Villarejo sobre lo que estaba diciendo, a lo que Redondo ha contestado que, si bien eran «tonterías», «nunca» se le habría ocurrido. A las reuniones con los clientes, «voy para acompañarle, darle apoyo en las labores de marketing, para dar la impresión de una empresa más sólida, pero no estoy para discutirle», ha zanjado.
En la misma línea se ha pronunciado Redondo cuando De Rivas le ha cuestionado sobre palabras específicas de Villarejo que sugerirían que la denuncia iba a tener un trato preferente por parte de la Policía Nacional debido a su influencia personal en el cuerpo de seguridad y que obtendrían información de manera ilegal que luego intentarían conseguir por vías legales durante el procedimiento judicial.
«FANFARRONERÍA» O «MARKETING»
«Villarejo ya ha explicado que, a veces, para vender una imagen de empresa o unas capacidades que él mismo ha reconocido que no tenía, pues (hacía) lo que otras personas han llamado fanfarronería o él lo llamaba marketing», ha justificado.
Así, ha enfatizado que hay frases como la mencionada por el fiscal que ha escuchado «infinidad» de veces de boca de Villarejo, pero que no se correspondían con la «realidad» del trabajo de CENYT. «Lo importante es el trabajo que se realizaba día a día, y en el trabajo que he hecho día a día durante muchísimos años no había esas cosas», ha recalcado.
Igualmente, ha indicado que era un «discurso frecuente» de Villarejo que contara que había sido comisario, si bien ha defendido que siempre dejaba claro a los clientes que ya no estaba en activo. Según Redondo, les decía que cuando empezó a trabajar por su cuenta hizo uso del ‘modus operandi’ de la Policía, pero que con el tiempo había desarrollado su propio método.
Redondo también se ha desvinculado de los archivos mostrados por De Rivas que evidenciarían irregularidades, como acceso a bases de datos restringidas. Ha renegado en particular de una presentación que CENYT habría hecho a Herrero&Asociados en su primera reunión para exponer los servicios que podían prestar. «Acabo de ver una fotito de Einstein, es que esto no puede ser nuestro», ha resuelto.
A este respecto, ha subrayado que su defensa ha impugnado las conversaciones grabadas y los papeles intervenidos durante los registros policiales, que constituyen uno de los ejes probatorios de estas tres piezas y del conjunto de ‘Tándem’, agarrándose a la tesis de Villarejo de que o bien han sido manipulados o bien han sido «sembrados» debido a su guerra personal con Asuntos Internos y el CNI.
UN TRABAJO «AMPARADO» POR EL CNI
Antes de Redondo han comparecido los detectives privados de ‘Pintor’, un trabajo por el que CENYT habría asumido la tarea de investigar al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado, el ex juez Francisco Javier Urquía, por encargo de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para resolver un conflicto por una deuda fiscal.
Villarejo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 109 años de cárcel, sostuvo que ‘Iron’ no llegó a ser un trabajo profesional de CENYT, sino que a modo de «favor personal» para los Muñoz Támara, que pertenecían a su círculo de amistades, se limitó a ponerlos en contacto con la detective privada Nuria Morales.
Morales ha relatado que conoció personalmente a Villarejo en una reunión celebrada en 2017 en la sede de CENYT, en la Torre Picasso de Madrid, donde le pidió que se ocupara de un trabajo que era «un favor a unos amigos suyos». Hasta ese momento, solo conocía al comisario «de oídas» porque era una «referencia» de la «investigación privada» en España.
En esa primera reunión, Morales ha afirmado que Villarejo se le presentó como un «agente encubierto» que usaba CENYT como «una empresa tapadera que realiza investigaciones para el Estado». El hecho de que no hubiera contrato, que le pagara en efectivo y que «casi no se habló» la llevó a pensar que ‘Pintor’ era un trabajo para Policía y CNI. «Y yo, sabiendo que era un tema legal, que estaba legitimada, no quería preguntar más», ha confesado.
Tanto Elisa Gabán, otra investigadora privada, como Juan Manuel León Leiva, entonces estudiante de criminología, han coincidido en que Morales les subcontrató para que la ayudaran con ‘Pintor’ manifestándoles que eran un trabajo «amparado» por las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado.
UN FALSO DETECTOR DE HUMO
Leiva, a quien el tribunal ordenó detener el pasado jueves para asegurar que hoy estuviera presente, ha reconocido que colocó una cámara que simulaba un detector de humo para grabar a Urquía en los baños de un pub de Marbella, haciendo hincapié en que lo hizo convencido de que colaboraba con las fuerzas de la ley.
Morales, por su parte, ha esgrimido que el objetivo de ese vídeo era determinar si Urquía se dedicaba a intercambios «peligrosos» usando el falso techo del baño, apostillando que no lograron obtener una imagen explícita por lo que no incluyeron la grabación en su informe final, aunque sí se lo entregó a Villarejo en un ‘pendrive’ aparte.
Galán, en cambio, ha declarado que la orden era captar «algo comprometedor» de Urquía, que en esa secuencia parece consumir cocaína, según ha aflorado en el juicio. «Me desvinculé totalmente porque no me sentía nada cómoda con esa petición», ha expuesto.
