El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido este miércoles reunirse de forma urgente con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el «efecto llamada» que puede provocar el traslado de migrantes desde Canarias a diferentes puntos de la Península, el último de ellos a Granada, con los riesgos sanitarios derivados de la COVID-19. También reclaman una vez más al Ministerio del Interior que establezca un protocolo único para evitar contagios entre los agentes.
En sendas cartas a los titulares de ambas carteras, el SUP lamenta la opacidad de la información que ofrece el Gobierno sobre estos traslados en vuelos comerciales, «provocando no solo una abierta contradicción con la política mantenida en esta materia basada en la negativa a estimular este tipo de desplazamientos, sino un potencial daño en la lucha contra las organizaciones ilegales que trafican con los viajes en patera desde el norte de África hasta las costas del archipiélago canario debido a un posible efecto llamada».
El sindicato se refiere al traslado de 200 personas a Granada, así como otros realizados a Sevilla y Málaga, reclamando que se especifique «el número de migrantes que han embarcado en ellos desde Canarias así como los que puedan hacerlo en fechas próximas».
«Desconocemos el estado de salud que presentan y los policías que puedan intervenir con estos migrantes a su llegada a otras Comunidades Autónomas corren un riesgo potencial de contagio del Covid-19, sobre todo teniendo en cuenta que no existe certificación que acredite que esos desplazamientos cuentan con las debidas garantías sanitarias, una vez practicadas las preceptivas pruebas PCR o la cuarentena», continúa esta organización.
ESTADO DE ALARMA Y PARTICIPACIÓN DE ONG
La preocupación del SUP, según detallan en su comunicado, se centra en determinar qué tipo de pautas policiales serán de aplicación a este colectivo, teniendo en cuenta no sólo que no están documentados sino que las medidas de restricción de movimientos entre autonomías y provincias y el toque de queda impuesto por el estado de alarma son de aplicación a toda la ciudadanía.
El sindicato reclama conocer si alguna ONG ha organizado este tipo de desplazamientos, «puesto que los riesgos ya señalados se incrementarían por la evidente ausencia de una mínima coordinación con las autoridades policiales».
El SUP se ha quejado de que el ministro Escrivá utilice las redes sociales para relacionar las críticas de estos traslados con la xenofobia y, además, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que apruebe un protocolo único para todas las plantillas policiales en cuanto a la gestión de los migrantes que llegan a nuestras costas.
El sindicato recuerda que, en el caso de Canarias y con datos cerrados a 30 de noviembre, son 19.566 los migrantes que han llegado al archipiélago en lo que va de año, lo que supone un incremento del 881,7% respecto al mismo periodo del año pasado y del 499,1% en el número de pateras, con 641 embarcaciones de este tipo detectadas hasta hace una semana.