El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la medida cautelar que le había solicitado el Gobierno canario y ha dado diez días al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha valorado que se trata de una medida «imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores –según resulta notorio– se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger».
Los magistrados explican que, «en la actual situación, estos menores no acompañados solicitantes de asilo se encuentran a cargo exclusivamente del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma», sin que conste que se haya puesto a disposición de los mismos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los solicitantes de asilo a cargo de la Administración del Estado, «sistema al que estos menores tienen pleno derecho».
En este sentido, la Sala Tercera recuerda que el sistema de acogida para los solicitantes de asilo contempla «el derecho a recibir prestaciones sociales específicas (…) que abarcan los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad».
El Supremo ordena, además, que en esos diez días se le informe de las medidas adoptadas. Transcurrido dicho plazo, ha avanzado que la Sala Tercera decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada.
