El Tribunal Supremo (TS) decidirá este miércoles si suspende a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como pedía de forma cautelar el único vocal que votó en contra de su designación, Wenceslao Olea, y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito.
Está previsto que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncien sobre la medida cautelar –y no aún sobre el fondo del asunto– después de que el pasado octubre rechazaran la medida cautelarísima solicitada por Olea y De Benito en sus recursos.
Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que justo antes de abordar las medidas cautelares la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidirá si ratifica la abstención de José Manuel Bandrés, que hizo este movimiento tras sufrir una especie de recusación por parte de De Benito, el cual apuntó a un posible conflicto de interés con este magistrado por ser el candidato de los vocales progresistas del CGPJ al Tribunal Constitucional (TC).
Olea y De Benito impugnaron el acuerdo alcanzado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces para designar a Mozo –el vocal de mayor edad– su «presidente suplente», por cuanto supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, por cuanto el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del TS desde que la renuncia de Carlos Lesmes de ambos cargos surtió efecto.
El conflicto sucesorio se desató el domingo 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS –cargos que ejerce la misma persona– ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del Supremo un informe en el que se avisaba que Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada su renuncia, al ser él quien ejerce la Vicepresidencia del TS.
El CGPJ, sin embargo, designó a su propio presidente al considerar que Marín Castán carecía de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
EL ACUERDO DEL CGPJ IMPUGNADO
El acuerdo del Pleno que ha sido impugnado ante el Supremo salió adelante con 16 de los 18 votos en juego. Solamente contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con la entronización de Mozo.
En su voto particular, Olea ya explicaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS era ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo debe desempeñar también la del Consejo.
«Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución», avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, puso de manifiesto que Mozo «no reúne ninguna» de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Además, Olea advirtió de que con la designación de Mozo se ponía en juego la «legalidad» de los acuerdos que adopte el Consejo con esta presidencia. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han asegurado que este es uno de los factores que está pesando en las negociaciones para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.
CON LA VISTA EN EL CONSTITUCIONAL
Según han explicado, si el Supremo optara por suspender cautelarmente la entronización de Mozo supondría cuestionar la legitimidad del Pleno encabezado por él y, por ende la validez de los nombramientos al Constitucional.
Los portavoces progresistas y conservadores del CGPJ postergaron hasta el mismo miércoles en el que se pronuncia el Supremo su encuentro para continuar las negociaciones relativas a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al Consejo, aunque las fuentes consultadas descartan que haya acuerdo.
Justo un día después, el jueves, el CGPJ tiene previsto celebrar su Pleno ordinario de noviembre. En su orden del día figura el asunto de los nombramientos, pero las citadas fuentes han asegurado que es «difícil» que el 24 se llegue a un acuerdo porque los conservadores han puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar el método de negociación para evitar lo que perciben como un «reparto de cromos».
Las mismas fuentes han indicado que la expectativa es que el CGPJ pueda nombrar a sus candidatos al Constitucional a lo largo de diciembre y, en todo caso, antes de Navidad.
Hasta ahora, el bloque progresista había lanzado una primera lista con nueve candidatos que redujo a uno: Bandrés. Los vocales conservadores manejan otro seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de lo Contencioso-Administrativo.
Las fuentes consultadas han apuntado que los mejor posicionados hasta ahora son Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, y Tolosa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.
