El Tribunal Supremo estudiará este martes el recurso que presentó la Asociación de Fiscales (AF) contra la política de nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; en concreto, por el caso de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público.
Fuentes del Alto Tribunal han confirmado a Europa Press que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberará sobre el texto de la AF, que ha criticado públicamente la «querencia» de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que pertenece– a la hora de acordar nombramientos discrecionales.
En concreto, la asociación ha llamado la atención sobre la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala coordinador de Menores. Ha reprochado que se soslayara a José Miguel de la Rosa Cortina, candidato que –a su juicio– atesoraba la mayor experiencia práctica y los mejores conocimientos jurídicos en la materia y que, además, ostentaba la categoría de fiscal de sala.
Esteban Rincón ingresó en la carrera fiscal en 1988. Entre 2008 y 2013 fue Fiscal Jefe de Madrid, la Fiscalía más numerosa y compleja de todo el territorio nacional, que dirigió «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos», según tuvo en cuenta Delgado para su nombramiento. Además, fue fiscal ante el Tribunal Constitucional durante una década.
«NORMA GENERAL»
En un comunicado emitido el pasado marzo, la AF denunció como «norma general» en el comportamiento de Delgado que «sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros».
La asociación, presidida por Cristina Dexeus, se quejaba de que «transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado».
