El Tribunal Supremo (TS) ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa donde se le investiga por la presunta filtración sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor del caso, Ángel Hurtado, se dirige a la UCO «para que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a los números» asociados a García Ortiz.
PETICIÓN A LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS
Además, reclama a las operadoras de esas dos líneas telefónicas –Movistar y Vodafone– «los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten»; y «los paquetes de datos emitidos y recibidos» y «la identificación del receptor y del emisor».
Hurtado da este paso después de que la UCO le enviara el 3 de enero un informe donde detalló los identificadores de las líneas y los teléfonos localizados a García Ortiz, y en el que concluyó que el fiscal general habría cambiado de terminal el 23 de octubre, justo una semana después de que el Supremo le encausara.
Anteriormente, la UCO informó al instructor de que halló «0 mensajes» en los dispositivos incautados a García Ortiz, y ello a pesar de que en el informe referido al mismo análisis pero del terminal requisado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sí encontró intercambio de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días investigados por ser los clave de la presunta filtración.
Fuentes fiscales consultadas entonces por Europa Press reconocieron que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, si bien aclararon que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.
LA PRESUNTA FILTRACIÓN SOLO FUE «EL DESENLACE FINAL»
Las nuevas diligencias encargadas por Hurtado se refieren al periodo temporal comprendido entre el 8 y el 14 de marzo, por ser el periodo investigado. La acusación popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pedía ampliarlo para fijar la fecha de inicio en el 20 de febrero, cuando la Fiscalía de Madrid presentó la denuncia contra González Amador por presuntos delitos fiscales.
Sin embargo, Hurtado lo rechaza al considerar que, «aunque haya habido comunicaciones desde el 20 de febrero», «hasta remontarnos a tal fecha es muy frágil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la dinámica delictiva que se investiga».
La defensa de García Ortiz y Rodríguez se opuso también a tal extensión. De hecho, en su recurso directo de apelación piden limitar el periodo investigado desde las 22.00 horas del 13 de marzo, cuando empezaron a publicarse informaciones sobre las negociaciones para llegar a un acuerdo entre González Amador y la Fiscalía, hasta las 10.20 del día siguiente, cuando se publicó la nota de prensa que dio origen al caso.
Los fiscales esgrimen que ese fue en realidad el periodo en el que García Ortiz y Rodríguez tuvieron acceso a los correos electrónicos con la información publicada. No obstante, Hurtado –a quien no compete resolver el recurso de apelación– cree que no se puede aislar ese lapso de «poco más de 12 horas» porque la presunta filtración «no se puede entender sino como el desenlace final de una serie de acontecimientos coordinados y encaminados a ella, que, por razones obvias, tuvieron que tener lugar con anterioridad a la propia divulgación».
NO CIERRA LA PUERTA A MÁS MEDIDAS
En cualquier caso, Hurtado incide en que su decisión actual «no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa». En este sentido recuerda que en resoluciones anteriores ya avisó de que, si bien las pesquisas se acotaron a entre el 8 y el 14 de marzo, el material incautado debía quedar guardado para «evitar que se perdiera» ante «una prueba que pudiera ser útil en función de lo que exigiera el avance de la instrucción».
Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en ‘El Mundo’, donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.
Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los ‘emails’ a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.
A ello hay que añadir que la UCO, en el informe donde analizó el contenido del teléfono móvil de Rodríguez, acusó a la Fiscalía de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó en eldiario.es a las 6:01 del 12 de marzo.
