El teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava trató de impedir en 2017 la investigación del Servicio de Asuntos Internos sobre las presuntas irregularidades en obras en cuarteles, el mismo caso en el que se encuentra imputado en la actualidad. La investigación se reactivó en mayo de 2018, días antes del cambio de Gobierno por la moción de censura, tras llegar un anónimo a la Secretaría de Estado de Seguridad que afectaba a contrataciones de la Comandancia de Ávila.
Según consta en documentación consultada por Europa Press, en mayo de 2017 Vázquez Jarava propuso internamente cerrar la investigación al entender que «no existía indicio de delito», por lo que «no era preciso dar traslado a la Fiscalía».
Según añaden fuentes de la investigación, el Servicio de Asuntos Internos había planteado a la cúpula de la Guardia Civil remitir a la Fiscalía las pesquisas iniciadas sobre el constructor Ángel Ramón Tejera de León, ‘Mon’, también imputado en la investigación que actualmente dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
En esta causa se indaga en las presuntas mordidas de ‘Mon’ a favor de Vázquez Jarava, que estuvo al frente de la Subdirección General de Apoyo entre 2015 y principios de 2018. En concreto, se pudo beneficiar de viajes y estancias en hoteles junto a su familia, según consta en el sumario.
Las citadas fuentes añaden que el informe de Vázquez Jarava en el que este descartaba «indicios de delito» propició que el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado –el último de los gobiernos de Mariano Rajoy– ordenara en un primer momento que no se remitiera la información a la Fiscalía.
CUATRO DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA DAO
En concreto, en abril de 2017 se entregaron a la secretaría del Director Adjunto Operativo (DAO), que entonces ostentaba Pablo Martín, cuatro ejemplares de un documento titulado ‘Borrador informe Fiscalía’ elaborado por Asuntos Internos, referido al incremento de los contratos adjudicados por distintas unidades de la Guardia Civil al empresario Ángel Ramón Tejera de León, ‘Mon’, «así como indicios de la ilicitud».
En mayo de 2017, el teniente general Vázquez Jarava, que estaba en la cúpula de mando de la Guardia Civil como responsable en último término de las obras en cuarteles, emitió una contestación en la que hacía referencia a que «por entender que en las actuaciones informadas no existe indicio de delito, no es preciso dar traslado a la Fiscalía del informe de Servicios de Asuntos Internos».
En diciembre de 2017, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, nombrado a propuesta del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dictó resolución ordenando el archivo del expediente de Asuntos Internos relativo al incremento en la facturación de las empresas del contratista Ángel Ramón Tejera, «así como el cese de las actuaciones».
La investigación sobre las obras en cuarteles se reinició con fecha de 29 de mayo de 2018, días antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno. Ese día tiene entrada un correo electrónico procedente de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, adjuntando un escrito anónimo recibido en la Secretaría de Estado de Seguridad que relata presuntas irregularidades en materia de contratación en la Comandancia de Ávila.
INCREMENTO EXPONENCIAL DE OBRAS
En los informes que constan en el sumario, Asuntos Internos sostiene que durante la época de Vázquez Jarava como responsable de la Subdirección General de Apoyo se produjo «un incremento exponencial y aparentemente inusual» en la adjudicación de obras» a ‘Mon’, «tanto en importes facturados como en unidades territoriales afectadas».
En la investigación fue clave la declaración ante un juzgado de Ávila del teniente coronel Carlos Alonso, también imputado en esta causa por un delito de falsedad documental, ya que reconoció que hubo obras adjudicadas al empresario conocido como ‘Mon’ –que aparece en conversaciones también del ‘caso Mediador’– por indicaciones de Vázquez Jarava.
Los indicios apuntan a posibles irregularidades por valor de 3,3 millones de euros en 13 comandancias de la Guardia Civil, si bien la investigación está a la espera de completar un peritaje sobre estas obras, en su mayoría de impermeabilización y pintura.
