El Tribunal de Apelación de Bruselas ha decidido rechazar este jueves la entrega a España del exconseller Lluis Puig, al que las autoridades españolas reclama por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la causa del ‘procés’ independentista.
Así lo ha confirmado el propio político catalán en un mensaje en su red social. «Segundo tribunal sobre la tercera orden europea de detención. No hay extradición», ha afirmado Puig, quien ejerció como titular de Cultura en el Govern que organizó el referéndum ilegal de 2017.
De esta forma la justicia belga vuelve a denegar su extradición, siguiendo el criterio del juez de primera instancia que el pasado mes de agosto falló en el mismo sentido. El caso podría no acabar aquí, pues la Fiscalía tiene unos días para presentar recurso ante la última instancia judicial, el Tribunal de Casación belga.
En una rueda de prensa telemática tras conocer la sentencia, el político independentista ha mostrado su satisfacción con la decisión de la Corte de Apelación y ha dicho que reafirma «la lucha de las personas en el exilio».
Su defensa ha insistido en que la sentencia es una buena noticia para los procesos que afrontan los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí, ya que, según han dicho sus abogados, el tribunal de segunda instancia ha respaldado que el Tribunal Supremo no tiene la competencia para pedir la extradición.
Igualmente, la justicia belga introduce un nuevo elemento al entender que no se ha respetado la presunción de inocencia de Puig, al entender que hay un «clima de vulneración» de este derecho fundamental. «Siempre se les ha tratado como golpistas y prófugos y lo cierto es que nunca han sido sometidos a un proceso judicial», ha argumentado su abogado Gonzalo Boye.
Además la defensa esgrime que los tribunales belgas tampoco ven que haya un caso de corrupción, motivo por el que el Supremo español reclama a Puig. Si fuera así su entrega sería automática en el marco de los delitos comprendidos en las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), han señalado los letrados.
La de Puig es la primera de las euroórdenes cursadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que examina la justicia belga contra los políticos independentistas huidos hace más de tres años.
