El Tribunal de Cuentas da un plazo de nueve días a acusaciones y enjuiciados para que confirmen su presencia en el enjuiciamiento por el presunto uso irregular de fondos públicos para el 1-O, las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
El secretario del órgano fiscalizador, Manuel Izquierdo Arines, ha anunciado por escrito el plazo de la convocatoria, que empieza a correr a partir de mañana viernes una vez que este jueves ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Izquierdo cumple así con lo acordado en la providencia de 15 de noviembre dictada por quien fuera Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante.
En aquella resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se abrió la fase de enjuiciamiento de las presuntas irregularidades contables por las que se habrían facilitado fondos para los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y del destino de determinados fondos asignados a política exterior de Cataluña entre 2011 y 2017. Ahora, acusaciones y enjuiciados deben completar este trámite formal para que arranque la fase del juicio.
Entre los encausados en ambas diligencias se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y el que fuera vicepresidente Oriol Junqueras. Según fuentes presentes en el procedimiento, la defensa de Puigdemont compareció poco después de que la Consejera del órgano fiscalizador emitiera su providencia.
AVISO A POSIBLES PERJUDICADOS
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que esta publicación en el BOE funciona a efectos de notificación pública ante la posibilidad de que no todos los afectados por estas supuestas irregularidades contables hayan comparecido aún ante el Tribunal de Cuentas.
Hasta el momento, en el procedimiento figuran la Fiscalía y dos asociaciones que ejercen la acción pública, la de Abogados Catalanes por la Constitución y la de Sociedad Civil Catalana. La Abogacía del Estado y la Generalitat de Cataluña avisaron que no seguirán adelante; la primera, al entender que no tiene legitimidad para demandar; y la segunda, al considerar que no es perjudicada.
Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, después de haberse abonado las fianzas y de haberse dado traslado de la pieza, el representante de la entidad del sector público perjudicada y las demás acusaciones tendrán un plazo común de 20 días para presentar demanda.
Si no se llega a presentar, se dará traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno. En caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
LOS GASTOS BAJO ESCRUTINIO
Cabe recordar que el pasado junio el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable inicial que se reclama a 34 excargos de la Generalitat –incluidos Mas, Puigdemont y Junqueras– por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat, según consta en el acta de liquidación provisional a la que tuvo acceso Europa Press.
En ese acta, se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deben responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.
Respecto al acta de liquidación de 2020, el Tribunal de Cuentas fijó en 4,1 millones de euros los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
