El Tribunal de Cuentas concluye su mandato este viernes y pasa así a engrosar la lista de órganos pendientes de renovación de la que ya forman parte el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo.
Lo hace en las mismas condiciones que el resto de órganos constitucionales caducados, es decir, sin que existan a corto plazo perspectivas para elección de nuevos consejeros. Además, el fin de su mandato llega en plena polémica por la causa que ha abierto contra ex cargos de la Generalitat de Cataluña, lo que ha llevado tanto a los partidos independentistas como al propio Gobierno a cuestionar al fiscalizador.
La renovación del tribunal que preside María José de la Fuente requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados.
Y ahora ese pacto antoja aún más complicado después de que el fiscalizador se haya situado en el ‘punto de mira’ del independentismo por sus actuaciones para reclamar cantidades millonarias a ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el proceso secesionista.
COMO EN LOS AÑOS DE MAYORÍA DEL PP
Por su parte, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado los ataques al Tribunal de Cuentas, y ya han avisado de que, tras los indultos, es «muy complicado» pensar en un acuerdo para renovar los órganos constitucionales en lo que queda de legislatura. Además, como la composición actual de estas instituciones procede de los años de mayoría del PP, los ‘populares’ aún dominan buena parte de ellas.
La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.
La Presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato, que arrancó en 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución –lo estuvo seis años– y desde 2018 lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.
Esta institución se une así al listado de órganos pendientes de acuerdo y cuyo mandato ya ha caducado: el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO, PENDIENTE DESDE 2017
El que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.
Las negociaciones entre Gobierno y PP ya encallaron al renovar al CGPJ, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018.
Entonces, el PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».
EL CGPJ, CADUCÓ EN 2018 Y EL TC EN 2019
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.
La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos.
También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.
Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.
El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.
