El Tribunal de Cuentas ha acordado mantener la fianza de 5,4 millones de euros que reclama a 34 ex cargos del Govern de la Generalitat de Cataluña en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
El órgano fiscalizador ha llegado a esta conclusión tras dos sesiones en las que ha escuchado las alegaciones de todas las partes implicadas en el procedimiento. En concreto, ha fijado la cifra 5.422.411,10 frente a los 5.422.879,48; es decir 468,38 euros menos.
Ayer tuvieron la palabra las defensas y este miércoles ha sido el turno de la Fiscalía, de los representantes legales de la Generalitat, de los del Diplocat y de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, que figuran como acusaciones.
SILENCIO DE LA ABOGACÍA
Fuentes presentes en el acto han informado a Europa Press que la Abogacía del Estado no ha hecho uso de su tiempo para presentar alegaciones ante la delegada instructora. Ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que los servicios jurídicos del Estado no iban a presentar demanda en el procedimiento.
«El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez que hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace», explicó.
El exconseller de Presidencia de la Generalitat y letrado de varios de los ex cargos a los que se les reclama la caución, Francesc Homs, ha reprochado -en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal– que la instructora no haya estimado sus alegaciones y haya mantenido la cifra inicial anunciada ayer en el acta de liquidación provisional.
«Es un despropósito que no tiene fundamentación jurídica razonable que busca perseguir una ideología», ha asegurado Homs, en referencia a las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre el uso de fondos por parte de los ex cargos de la Generalitat.
También ha criticado que la intervención de la Fiscalía en el acto de este miércoles haya sido de «naturaleza política» y no haya aportado alegaciones técnicas en favor o en contra del acta presentada por el órgano fiscalizador.
15 DÍAS HÁBILES
Fuentes del procedimiento han explicado a Europa Press que los ex cargos tienen un plazo de 15 días hábiles para depositar las fianzas requeridas. De no abonar la cifra, se procederá al embargo de bienes. Los letrados podrán recurrir una vez entregado el dinero.
Las mismas fuentes han precisado también que las acusaciones tienen un plazo de 20 días para formular demanda a partir de la resolución de dichos recursos.
Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, se les reclama a 34 ex cargos –incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras– cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones.
La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.
Han quedado fuera de la lista de presuntos responsables los ex consejero de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. Así, también han sido desestimados otros seis ex cargos y en el acta de liquidación provisional facilitada este martes a las defensas figuran un total de 34 nombres.
