La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (TS) ha acordado este miércoles mantener al magistrado José Manuel Bandrés en el tribunal que decidirá en las próximas horas si acuerda la suspensión cautelar de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según ha informado el TS, la Sección Sexta ha rechazado la abstención planteada por Bandrés justo antes de adentrarse ya en la deliberación de la medida cautelar solicitada por el vocal del CGPJ Wenceslao Olea y el secretario del Consejo, José Luis de Benito, en sus respectos recursos contra la designación de Mozo.
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que Bandrés optó por abstenerse de esta deliberación después de que el secretario del CGPJ apuntara a un posible conflicto de interés por cuanto este magistrado es el candidato de los vocales progresistas del Consejo para el Tribunal Constitucional (TC).
Tras resolver este asunto, la Sección Sexta, compuesta por el propio Bandrés, Eduardo Espín, Celsa Pico, José Antonio Montero y Octavio Juan Herrero, ha comenzado a estudiar la suspensión cautelar reclamada por Olea y De Benito.
El vocal y el secretario del CGPJ impugnaron el acuerdo adoptado el pasado 13 de octubre por el Pleno del CGPJ, con el que 16 de los 18 vocales entronizaron a Mozo como «presidente suplente» del Consejo por ser el vocal de mayor edad.
Esta decisión provocó una bicefalia en el Poder Judicial, ya que mientras Mozo ejerce de presidente interino del CGPJ el magistrado Francisco Marín Castán hace lo propio en el TS, dos cargos que en circunstancias normales ejerce la misma persona.
El conflicto sucesorio se desató el domingo 9 de octubre, cuando Carlos Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del Supremo un informe en el que se avisaba de que Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada su renuncia, al ser él quien ejerce la Vicepresidencia del TS.
Sin embargo, el CGPJ eligió a su propio presidente al considerar que Marín Castán carece de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del TS de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
EL ACUERDO DEL CGPJ IMPUGNADO
El ascenso de Mozo solo contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con esta presidencia suplente.
En su voto particular, Olea ya explicaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS era ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo debe desempeñar también la del Consejo.
«Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución», avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, puso de manifiesto que Mozo «no reúne ninguna» de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Además, Olea advirtió de que con la designación de Mozo se ponía en juego la «legalidad» de los acuerdos que adopte el Consejo con esta presidencia. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que este es uno de los factores que está pesando en las negociaciones para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que compete nombrar al CGPJ.
CON LA VISTA EN EL CONSTITUCIONAL
Según han explicado, si el Supremo optara por suspender cautelarmente la presidencia interina de Mozo supondría cuestionar la legitimidad del Pleno encabezado por él y, por ende, la validez misma de los nombramientos al TC.
Los negociadores progresistas y conservadores del CGPJ postergaron hasta las 13.00 horas de este miércoles los contactos encaminados a designar a la dupla para el TC, dando así tiempo al Supremo para que resuelva las medidas cautelares.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces descartan en cualquier caso que de la reunión de este 23 de noviembre salgan los dos nombres para la corte de garantías. El asunto también figura en el Pleno del jueves, pero las fuentes ven igualmente difícil que haya fumata blanca. No obstante, aseguran que la expectativa es realizar dichos nombramientos a lo largo de diciembre y, en todo caso, antes de Navidad.
Hasta ahora, el bloque progresista había lanzado una primera lista con nueve candidatos que redujo a uno: Bandrés. Los vocales conservadores manejan otros seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de lo Contencioso-Administrativo.
Las citadas fuentes apuntan que los mejor posicionados hasta ahora son Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, y Tolosa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.
