El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) «adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro.
En una providencia consultada por Europa Press este viernes, el tribunal también afirma que son el departamento y la dirección los responsables de preservar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».
El TSJC fijó un 25% de castellano en el grupo del menor, en respuesta a la denuncia de la familia, que pedía un 50% de escolarización en dicha lengua.
Este viernes por la tarde el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y el sindicato Intersindical·Csc han convocado una manifestación cerca del centro, en rechazo a la sentencia.
A su vez, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, visitó ayer jueves a la dirección del centro para darle acompañamiento y que tuviera «todas las herramientas para ver cómo aplica estas medidas cautelares», e insistió que la decisión del TSJC se dirige directamente a los responsables de la escuela.
