Esquerra y Junts defenderán este jueves en el Pleno del Congreso sus enmiendas de totalidad a la nueva ley de Seguridad Nacional con intención de que la Cámara Baja devuelva el texto al Gobierno. En el caso de los republicanos, han registrado una propuesta alternativa en la que abogan directamente por derogar la norma actualmente vigente.
El Gobierno, previsiblemente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subirá a la tribuna para presentar esta reforma en plena polémica por el espionaje a políticos independentistas y también a miembros del Consejo de Ministros, como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El proyecto de ley fue aprobado hace tres meses, en el Consejo del pasado 15 de febrero, y tiene por objeto la creación de un catálogo de recursos públicos y también privados para determinar todos los medios con los que cuenta el Gobierno una vez que se declara una situación «de interés para la seguridad nacional» y asegurar la movilización de los mismos.
En este catálogo que elaborarán ministerios, ejecutivos autonómicos y locales, se incluirán los datos de recursos humanos, medios materiales, instalaciones y todos los activos que puedan ser importantes a la hora de gestionar una crisis. Asimismo, se regulará «participación del sector privado en la contribución de estos recursos».
La norma también prevé que los recursos de las comunidades autónomas y de las entidades locales pasen a formar parte de este plan de recursos que se pondrían a disposición del país en caso de producirse una situación en la que se vea involucrada la seguridad nacional.
Pero además de intentar que el Gobierno no tramite ese texto, ERC intentará que se derogue la ya vigente Ley de Seguridad Nacional. En su texto alternativo, recogido por Europa Press, los de Gabriel Rufián señalan que se trata de un «texto jurídico especialmente inexplicable y confuso» porque interpreta la seguridad nacional «como un concepto constitucional» cuando en la Carta Magna «no se recoge tal concepto».
UNA NORMA INNECESARIA
Para los independentistas de Esquerra esta norma contiene una definición «difusa» de la seguridad nacional que conlleva «inseguridad jurídica» y «resulta tan omnicomprensiva» que puede incluir «todas la conductas, actos y acciones que pueden desarrollarse en un Estado de Derecho».
Además, juzga «absolutamente innecesaria» esta norma específica cuando ya existen la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Ciudadana y la de Acción y Servicio Exterior del Estado y rechaza que se deje en manos sólo del Gobierno, sin ni siquiera consultar al legislativo, la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional.
A su juicio, eso supone «un retorcimiento del Estado de Derecho que avala intervenciones excepcionales para situaciones de contestación social» y un «digno instrumento ejecutorio de la llamada Ley Mordaza».
COMUNIDADES, MERAS ESPECTADORAS
En esta línea remarca que la ley otorga «facultades exorbitantes» al presidente del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para adoptar medidas con «carácter arbitrario y discrecional». Y encima, denuncia «relegando» a las comunidades autónomas al papel de mero «espectador» y obviando por ejemplo que tanto Cataluña como Euskadi poseen policías propias.
También Junts hace hincapié en la invasión de competencias autonómicas, en la que enmienda con la que busca que el Congreso devuelva al Gobierno la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. A su parecer, la nueva norma apuesta por «un sistema de seguridad nacional que centraliza» y que va en contra «de la lógica del sistema de distribución competencial vigente».
En su opinión, con la reforma el Estado «se arroga la capacidad de modificar unilateralmente el marco competencial establecido por la Constitución», lo que supone un «intervencionismo inaceptable en un Estado autonómico».
SITUACIONES DE DISCRECIONALIDAD
El partido de Carles Puigdemont también alerta de que la norma modifica «elementos principales de la naturaleza democrática del Estado, y que afectan directamente a derechos fundamentales como la propiedad privada, el derecho de reunión, a la información o a la educación», temas, añade sobre los que no se pueden legislar mediante una ley ordinaria, es decir, que no tiene carácter orgánico.
Asimismo, argumenta que este proyecto de ley otorga al Gobierno «un excesivamente amplio desarrollo reglamentario, lo que conlleva el riesgo de un uso del poder normativo que puede llevar a situaciones de discrecionalidad».
Las enmiendas de totalidad de Junts y ERC se debatirán el jueves en el Pleno del Congreso, si bien el proyecto de ley no corre peligro puesto que ni el PP ni el PNV han pedido devolver el texto al Gobierno.
