El Gobierno de España aprobó en 2020 solo una de cada veinte solicitudes de asilo presentadas, según se recoge en el Informe Anual del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se ha presentado este viernes y que analiza cifras en materia de migración y asilo del año pasado, incluida la irrupción de la pandemia, el aumento de las llegadas a Canarias, los obstáculos en la acogida o los nuevos pactos mundiales y europeos.
Para los autores del documento, «España ha vuelto a defraudar a las personas refugiadas» en 2020 situándose «lejos de la tasa media de reconocimiento» de solicitudes de asilo en la UE, que es del 33%.
Además, CEAR advierte de que, al mismo tiempo, el Ejecutivo sí ha concedido la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela.
A su juicio, España ha tenido un escaso reconocimiento hacia las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales), algo que, en su opinión, es «fundamental» ya que representa una forma de persecución digna de protección.
«Es preciso avanzar en su protección y eliminar trabas para que puedan venir de forma segura personas procedentes de países en conflicto como Siria, Yemen o Palestina debido a la exigencia del visado de tránsito», ha reclamado la directora de CEAR, Estrella Galán.
LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
Pero, además CEAR denuncia que, pese a la caída registrada en 2020 con respecto a las llegadas a través de Ceuta y Melilla, se han producido al menos 212 devoluciones en caliente.
En ese sentido, la entidad apunta que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como el Constitucional español ya señalaron las garantías legales exigibles para realizarlas (que se atienda siempre a la situación de vulnerabilidad de la persona), unos requisitos que, según CEAR, no se están llevando a cabo.
Por otra parte, el informe destaca que, como consecuencia de la pandemia vivida durante el año pasado y las restricciones de movimiento que esta supuso, «miles de personas» se quedaron «atrapadas en países no seguros».
Ante esta situación, apunta Galán, «es más urgente que nunca que España active vías legales y seguras como el reasentamiento, los visados humanitarios, petición de asilo en embajadas y representaciones consulares y facilitar la reagrupación familiar».
La crisis sanitaria ha estado protagonizada, también, por una crisis migratoria en Canarias, que supuso la llegada de más de 23.000 personas en 2020. Para que no se vuelvan a vivir situaciones como la del muelle de Arguineguín, ni la cronificación de macrocampamentos, advierte CEAR, «son necesarias políticas migratorias con otra mirada, planificadas y coordinadas, no solo centradas en el blindaje de fronteras».
Para ello, apuntan, deben incluir «un sistema de traslados a la península ágil, transparente y sin discriminación por nacionalidad, con un reparto solidario por todo el territorio español, evitando convertir los territorios insulares y periféricos en grandes espacios de retención, así como modificar los protocolos de atención a menores».
Dentro de esta situación, la ONG celebra que, tras décadas de reivindicación, el Tribunal Supremo haya reconocido la libertad de circulación por todo el estado español para los solicitantes de asilo que residen en Ceuta y Melilla.
EUROPA DA LA ESPALDA AL REFUGIO
Finalmente, CEAR estudia la situación de los refugiados en Europa, un informe que determina que, en 2020, la ruta migratoria del Mediterráneo sigue siendo «la más mortal del mundo», con al menos 1.417 personas fallecidas tratando de llegar al continente. Esto, a pesar de que la pandemia las llegadas de migrantes se redujeron a menos de 100.000 durante el año.
En cuanto a las solicitudes de asilo en el conjunto de la UE, descendieron con respecto al año anterior y se concentraron principalmente en Alemania, Francia y España, mientras que la tasa de reconocimiento se mantuvo estable y se aprobaron de media una de cada tres peticiones.
En este sentido, CEAR se ha mostrado preocupada porque el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo supone continuar en la misma línea, es decir, con «una política basada en los retornos, reforzando el papel de Frontex» e imponiendo «la responsabilidad de la acogida al primer país de entrada», sin ofrecer soluciones basadas en una solidaridad compartida.
«Al no definir un mecanismo de reparto obligatorio, el supuesto sistema de solidaridad entre países se queda convertido en un ‘menú a la carta’ que permite a los estados del norte de la UE convertir a los países del Mediterráneo en el parapeto de las llegadas y acogidas», ha lamentado Galán.
