El Gobierno no ha recibido por el momento una orden de detención por parte de Caracas contra la nueva titular de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, la última reconocida como legítima en el país, y que reside en España.
En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha indicado al PP que «por el momento no se ha recibido ninguna solicitud de detención por parte de las autoridades venezolanas» contra Dinorah Figuera, nueva presidenta, y contra Auristela Vásquez, vicepresidenta segunda, residentes ambas en España.
Los diputados Valentina Martínez, Pablo Hispán y Belen Hoyo habían preguntado al Gobierno sobre la información que tenía de la orden de captura dictada por el Ministerio Público venezolano, que controla el Gobierno de Nicolás Maduro, contra Figuera y Vásquez.
En este sentido, querían que el Ejecutivo aclarara si el régimen de Maduro se había puesto en contacto «para tratar este tema» y también que aclarara cómo iba a actuar al respecto, cuestión esta última sobre la que no se ha pronunciado en su respuesta.
A principios de enero, la Asamblea Nacional elegida en 2015 –la última que tanto España como la UE y Estados Unidos reconocen– decidió relevar de su presidencia a Juan Guaidó, quien en enero de 2019 se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela y fue reconocido como tal por unos 50 países, que sin embargo en los últimos tiempos le habían ido retirando el respaldo.
El 9 de enero, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció que Venezuela había solicitado a Interpol la emisión de una alerta roja de arresto contra la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, incluidas Figuera y Vásquez, por el «robo de activos» venezolanos, usurpación de funciones, asociación para delinquir y traición a la patria.
DESCONOCIMIENTO DE LAS ELECCIONES DE 2018 Y 2020
Por otra parte, el Ejecutivo ha reiterado que se mantiene en su postura de que no reconoce ni las elecciones presidenciales de 2018, en las que fue reelegido Maduro, ni las parlamentarias celebradas en 2020, conforme a la posición común alcanzada por la UE y expresada en distintas declaraciones.
En otra respuesta parlamentaria a Vox, que preguntaba al Gobierno si sigue considerando a Guaidó como presidente encargado, el Ejecutivo incide, sin mencionar en ningún momento al líder opositor, en que «la UE no reconoce los procesos electorales de 2018 y 2020 como creíbles, inclusivos y transparentes ni considera sus resultados como representativos de la voluntad democrática del pueblo venezolano».
Por lo que se refiere a la Asamblea Nacional elegida en 2015, de la que fue titular Guaidó, «se le reconoce una especial relevancia como actor e interlocutor privilegiado», señala el Gobierno, que reconoce que «existe un contacto constante con actores políticos y sociales venezolanos para favorecer el diálogo», incluidos representantes del Gobierno de Maduro.
Es en ese contexto, incide, en el que se enmarca el encuentro mantenido por el titular de Exteriores, José Manuel Albares, el pasado 11 de noviembre en París con el negociador jefe del Gobierno, Jorge Rodríguez, y el de la oposición, Gerardo Blyde.
HABLAR CON GOBIERNO Y OPOSICIÓN
«España siempre ha defendido la necesidad de hablar con todos los actores políticos venezolanos para contribuir a una salida de la crisis que atraviesa el país» y por ello «la interlocución con el Gobierno venezolano es coherente con esta posición».
Por otra parte, en una tercera respuesta parlamentaria, también al PP, el Gobierno reivindica su decisión del pasado 27 de diciembre de volver a nombrar embajador en Caracas, donde la representación quedó rebajada a encargado de negocios tras la salida de Jesús Silva del cargo en noviembre de 2021.
«El nombramiento de Ramón Santos como embajador de España en Venezuela se produce en un nuevo contexto marcado por la reanudación del proceso negociador entre el Gobierno venezolano y la oposición y el avance que supone la firma de un acuerdo social que contempla la movilización de fondos para atender necesidades básicas de la población venezolana», esgrime el Ejecutivo.
Con su decisión, lo que persigue, según aclara, es «defender los intereses de los españoles que residen en el país y de nuestras empresas allí presentes, así como contribuir de forma constructiva a una salida negociada que permita superar la crisis que atraviesa Venezuela».
En este sentido, en una cuarta respuesta parlamentaria sobre Venezuela, indica al PP que el Gobierno «ha puesto su capacidad de interlocución al servicio de las partes» tras la reanudación del proceso negociador en México el pasado mes de noviembre «con la voluntad de contribuir a crear las condiciones necesarias para que las negociaciones
sean exitosas».
«El alcance y formato del acompañamiento internacional de las
negociaciones dependerá de la voluntad de las partes», puntualiza, en línea con lo que ha venido manifestando Albares sobre esta cuestión cuando se le ha preguntado por el papel que está llamada a desempeñar España en el proceso de negociación.
