La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha calificado de «insólita» e «irresponsable» la propuesta de inhabilitación por seis años del presidente de dicho organismo, Pedro Rocha, por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en plena Eurocopa, y ha advertido de que España podría quedarse sin el Mundial de 2030.
Fuentes de la RFEF indicaron que la propuesta de resolución adoptada este viernes por el TAD en respuesta a una petición razonada del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, del pasado marzo es «insólita» e «irresponsable» en plena disputa de la Eurocopa de Alemania por que entienden que se ha «perseguido» y «combatido» la presunta corrupción.
En este sentido, la RFEF considera que se propone una posible inhabilitación por presentarse como acusación particular en el caso de la Supercopa de Arabia y por rescindir el contrato al Comisionado externo, órgano encargado de «fiscalizar» en su día los contratos de la federación que están bajo sospecha.
Además, este fallo del TAD se produce a escasos días de que la RFEF presente el dossier de la candidatura del Mundial 2030 a la FIFA y con una federación «estabilizada».
Por ello, las mismas fuentes consideran «insólita», «irresponsable» y «fuera de todo sentido común» la propuesta de resolución del TAD de inhabilitar a Pedro Rocha por tomar medidas, según el ente federativo, que han buscado «erradicar todo tipo de presunta corrupción» que pudiera haber estado «instalada» en la etapa anterior con Luis Rubiales como presidente.
Además, la RFEF anunció a Europa Press que la propuesta del TAD será analizada en los próximos días y lamentó que se ha adoptado en un «momento clave» para el fútbol español por estar disputando la selección española la Eurocopa de Alemania y previo a la presentación del dossier de la candidatura del Mundial 2030 a la FIFA.
RIESGO DE INJERENCIA GUBERNAMENTAL
Asimismo, la RFEF recordó que la FIFA ha manifestado «reiteradamente» la posibilidad de que España se quede «fuera de la organización» del Mundial de 2030 si hay una «injerencia clara» del Gobierno en la RFEF como sería la posible inhabilitación de su «legítimo» presidente, elegido el pasado abril.
En este sentido, la propuesta del TAD basa su solicitud de inhabilitación en medidas que han sido tomadas por, según la RFEF, «sentido común» y «de la justicia» desde la más «absoluta legalidad» y de acuerdo a la norma.
La primera de ellas, la rescisión del contrato del secretario general, Andreu Camps, fue acordada con el propio interesado y fue una medida en su día auspiciada por el Gobierno, a través de su anterior secretario de estado para el Deporte, Víctor Francos.
La segunda es la rescisión del contrato del comisionado externo, órgano encargado de fiscalizar los contratos de la federación que están bajo sospecha, cuyo responsable fue detenido durante dos días por la Guardia Civil en el caso que se investiga el juzgado de Majadahonda (Madrid).
Por último, la personación de la dederación como acusación particular en el ‘caso de la Supercopa’ de España fue una decisión que buscaba defender los intereses del organismo en un escándalo «que ha traspasado todas las fronteras» y que está siendo juzgado actualmente, y cuya personación ha sido admitida.
A juicio de la RFEF, la propuesta de resolución del TAD contiene «graves errores materiales» e «ignora» el hecho de que todas las actuaciones de su presidente fueron «debidamente autorizadas» por la Comisión Gestora y ratificadas por su Junta Directiva.
Para la RFEF, pretender que Pedro Rocha ha ejercido un abuso de autoridad en su actuación «diligente» y «urgente» para evitar la presunta destrucción de pruebas y la reiteración delictiva y para tratar de defender el interés y el honor de la institución es «contrario al sentido común».
Igualmente, consideró «inaudito» que en el expediente abierto a Rocha se hayan rechazado la práctica de las pruebas propuestas por el mandatario creándole «más indefensión aún» si cabe.
Por último, la RFEF, que alertó del riesgo de una «vuelta a la inestabilidad y al pasado más reciente», subrayó su esfuerzo por lograr «estabilizar» una situación complicada tras el Mundial femenino del pasado año en Australia y Nueva Zelanda, y que actualmente afronta «citas claves» como la Eurocopa, la candidatura del Mundial de 2030 y los próximos Juegos Olímpicos de París.
