El Tribunal de Cuentas ha dado a conocer este lunes el recopilatorio de sanciones impuestas a partidos políticos desde que se le atribuyó competencia sancionadora y a la cabeza aparecen la alianza electoral que Ciudadanos suscribió con el exministro francés Manuel Valls por Barcelona, la antigua Convergència i Uniò (CiU), y la federación de Izquierda Unida (IU) con varias de sus candidaturas municipales.
La legislación otorgó en 2012 al Tribunal de Cuentas «de manera indubitada» la potestad para acordar «la imposición de sanciones pecuniarias al partido político que cometa infracciones» a preceptos de las leyes electoral (LOREG) y de Financiación (LOFPP), pero no fue hasta 2015 cuando se reguló la clasificación de las infracciones en muy graves, graves y leves junto con sus correspondientes plazos de prescripción y la modificación del importe de las sanciones.
Por tanto, el primer momento en el que se aplicó este régimen sancionador fueron las elecciones locales de 2015, así como en los informes anuales de contabilidad ordinaria que el Tribunal ha venido publicando desde entonces.
Y este lunes el Tribunal de Cuentas ha incorporado en la sección de Transparencia de su página web un listado actualizado de las sanciones que ha impuesto en estos años a formaciones políticas, tanto por infracciones de la contabilidad electoral como por carencias en sus memorias anuales.
UN CUARTO DE MILLÓN, LA SANCIÓN MÁS ALTA
En el listado, recogido por Europa Press, la mayor sanción impuesta la recibió en enero de este año Barcelona pel Canvi, la coalición que el ministro socialista francés Manuel Valls encabezó en las elecciones municipales de Barcelona en 2019 y de la que formaba parte Ciudadanos, aunque la formación naranja rompió con él tras la decisión de permitir la investidura de Ada Colau (En Comú) en vez del independentista Ernest Maragall (ERC).
En concreto, la coalición se llevó una multa de más de 275.000 euros: 25.000 euros por saltarse los límites de gasto y otros 251.698,28 euros por vulnerar la ley de financiación al permitir que terceras personas asumieran gastos del partido. No consta que se haya presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo que haría suspender automáticamente la ejecución de la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas. En todo caso, Manuel Valls abandonó la política española y volvió a Francia, donde intentó entrar en la asamblea y no logró escaño.
La segunda multa más elevada la recibió la extinta federación de Convergència i Unió (CiU) por superar los límites de gasto de campaña en las elecciones locales de 2015. La sanción, por un importe de 130.192,43 euros, se impuso en junio de 2018 y fue recurrida ante el Tribunal Supremo, pero se desestimó. La coalición se rompió cuando Convergéncia (CDC) apostó por el soberanismo apartándose de Unió (UDC) y hoy ya no existe como tal, si bien la Justicia interpreta que el PDeCAT ha quedado como heredero de CDC.
El podio lo completa Izquierda Unida (miembro de la coalición Unidas Podemos), en su caso por acumulación. La formación que lidera Alberto Garzón recibió en junio de 2021 una multa de 51.968,68 euros por recibir donaciones contrarias a la legislación y que a ello suma sanciones por incumplir los límites de gasto impuestas a candidaturas en las que participó en las elecciones locales de 2015 en Castilla La Mancha (45.066,51 euros), Extremadura (40.214,87) o el municipio madrileño de Rivas (42.676,92 euros), entre otras.
NUEVA CANARIAS, EL ÚLTIMO MULTADO
Una de las últimas sanciones impuestas se la llevó Nueva Canarias, al que se impuso una multa el pasado septiembre por un importe de 50.000 euros por no presentar sus memorias anuales y que acabó siendo expulsado del registro de partidos políticos que gestiona el Ministerio del Interior.
Salvo el PSC, que también recibió una multa de 49.201,52 euros por superar el límite de gasto en las locales de 2019, la mayoría de los demás partidos sancionados con pequeñas formaciones locales a los que la ley penaliza más que a los grandes, una circunstancia que el Tribunal de Cuentas ha pedido arreglar a las Cortes.
Conforme a la legislación, cuando un partido político no hace efectivo el pago de la sanción impuesta, el Tribunal de Cuentas da traslado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que ésta proceda a su recaudación en periodo ejecutivo.
