La reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea ha despachado en apenas 10 minutos la discusión prevista sobre el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, con la única intervención de España y sin que haya habido ninguna decisión sobre los pasos a seguir tras el punto de información sin debate, han informado a Europa Press fuentes europeas.
La presidencia rotatoria que ejerce este semestre Bélgica incluyó en el orden del día este asunto a petición de España como un «punto de información sin discusión», porque el Gobierno quería hacer balance de la situación y circular entre el resto de socios un memorando para subrayar que las lenguas cooficiales son parte de la «identidad nacional» de España, con encaje en su Constitución y de uso en las dos cámaras parlamentarias.
Fuentes europeas y diplomáticas de distintos Estados miembro confirmaron a Europa Press que tras varios meses fuera de la agenda de ministros la demanda española regresaba a la agenda sin que se hubiera producido «ningún trabajo preparatorio» en los grupos técnicos del Consejo ni se haya abordado a nivel de embajadores.
Antes del arranque de la reunión, algunos de los ministros preguntados a su llegada dejaron entrever que ven prematuro abordar una discusión sobre un cambio de las reglas comunes que requiere de la unanimidad de los 27 y para la que un grupo de países insiste en conocer evaluaciones de impacto práctico, legal y financiero detallados antes de iniciar la reflexión de fondo.
Así las cosas, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha tomado la palabra durante «unos 5 o 10 minutos» para presentar el memorando al resto de presentes y el punto ha concluido «sin más discusión», según fuentes europeas.
De este modo, la presidencia belga y las demás delegaciones han «tomado nota» de lo expuesto pero «no ha habido ninguna conclusión especial», han añadido las fuentes consultadas, en referencia a que no se ha discutido tampoco sobre el seguimiento que se dará a la modificación que pide España.
Antes de entrar a la reunión a Veintisiete, Sampedro afirmó a la prensa en Bruselas que existe una «comprensión real» entre el resto de socios en la Unión Europea respecto a la petición del Gobierno de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE, por lo que España no va a «abandonar» su petición de modificar el reglamento comunitario para su oficialidad.
Como adelantó el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, en la reunión a Veintisiete Sampedro abordó los detalles de un memorando que el Gobierno ha distribuido al resto de socios siete meses después de que llevara por primera ves la petición al debate europeo, aprovechando entonces que España ejercía la presidencia de turno que marca la agenda de los Consejos ministeriales.
El documento enumera a lo largo de dos páginas un total de 16 puntos con los que defiende las especificidades del caso español para argumentar que las tres lenguas cooficiales son parte de la «identidad nacional» de España y, por tanto, la Unión Europea debe defender estas lenguas y atender la demanda de su reconocimiento como oficiales.
Sampedro ha afirmado que la propuesta española es «sólida y legítima» y permite explicar por qué «este tema es esencial» para España y queda «claramente reflejado» en la Constitución y en la cultural del país que el catalán, el euskera y el gallego son parte de la «identidad nacional».
«Por eso, el mensaje es que España no va a abandonar esta reivindicación y esperamos que así quede reconocido por los demás», ha insistido el secretario de Estado de la UE, quien ha recalcado que el Gobierno seguirá «insistiendo» con esta iniciativa.
Así las cosas, Sampedro ha asegurado que «los ecos que llegan» en los contactos que Albares mantiene con el resto de capitales es que hay una «comprensión real» de que la petición española responde a la identidad nacional y ha defendido que «si hay otro tipo de resistencias» son de tipo «más políticas» y deberán ser abordadas «de otra manera».
Al respecto, ha considerado que para superar estas dudas el Gobierno espera que «toda la oposición se pueda sumar a apoyar» la propuesta porque ello «permitiría con facilidad» que otros gobiernos conservadores en la UE también apoyaran la demanda de España.
DUDAS EN OTROS ESTADOS MIEMBRO
La última vez que estuvo en la agenda de los 27 la petición del Gobierno –uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura– fue en la última reunión en que España controló la agenda en tanto que presidencia de turno del Consejo de la UE, el pasado diciembre.
Con el relevo tomado por Bélgica en la presidencia rotatoria el pasado enero, el asunto salió del orden del día de los ministros europeos y quedó relegado a la espera de que se produjeran avances de calado en los grupos técnicos, ya que los socios reclaman dictámenes jurídicos y evaluaciones de impacto antes de decidir sobre una eventual modificación del reglamento que, en todo caso, requeriría de la unanimidad de los Veintisiete.
En este contexto, varios ministros han dejado entrever a su llegada a la reunión que sigue siendo prematuro pensar en una decisión porque no ha habido avances respecto a las evaluaciones que algunos socios reclaman antes de abordar una reflexión en profundidad.
Preguntado por ello, la secretaria de Estado alemana para Europa y Clima, Anna Lührmann, ha evitado pronunciarse a falta de «examinar la propuesta», mientras que el ministro finlandés, Anders Adlercreutz, ha advertido de que el asunto ha estado «durmiente durante un tiempo» hasta que se ha retomado en este Consejo.
Por ello, Adlercreutz ha dicho que Finlandia está «abierta» a explorar la demanda española porque es consciente de la «necesidad» de tratarlo y de la «preocupación» que suscita en España, pero ha dejado claro que hay que medir sus consecuencias.
«Yo mismo he vivido en Cataluña, entiendo la situación lingüística. Pero cuando tomamos una decisión, tenemos que saber a qué puede conducir», ha razonado el ministro finlandés, que ha recordado que hay varios países con sus propias lenguas minoritarias (el suomi, por ejemplo) y una modificación en las reglas «puede tener repercusiones». «Ese es realmente nuestra principal preocupación», ha concluido.
La secretaria de Estado rumana, Daniela Grigore Gîtman, por su parte, ha expresado el apoyo «pleno» de su Gobierno a la petición española pero ha advertido de que hay «cuestiones jurídicas, de traducción y financieras» que deben ser examinadas.
En su opinión, si se acepta reconocer el catalán, euskera y gallego «no creará un precedente» en la UE y, además, ha puesto en valor que España haya ofrecido asumir todo el coste que supondría la oficialidad de las tres lenguas para evitar que corra a cargo de las arcas comunitarias, como prevé en principio las reglas de la UE.
