FACUA-Consumidores en Acción insta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la prohibición «total» de la imposición de los gastos de gestión en la compra de entradas de eventos y conciertos, porque consideran que es un cargo «abusivo» que corresponde a servicios que los usuarios no reciben de forma efectiva.
La asociación ha emitido este lunes un comunicado de prensa en el que también pide a Consumo y a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas que inicien investigaciones y abran expedientes sancionadores contra las promotoras de conciertos y eventos similares por cargar gastos de gestión ilegales a los asistentes.
Además, recuerdan a los usuarios que pueden reclamar a las empresas promotoras la devolución de estos gastos de gestión, así como acudir a la asociación para que estudie su caso y ejerza las correspondientes acciones en defensa de sus derechos.
El pasado jueves 11 de julio, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, emitió una nota informativa en la que avisaba de que cuando se compra una entrada para festivales de música, conciertos o musicales, «los gastos de gestión no pueden ser un recargo arbitrario y oculto hasta el momento del pago».
En este sentido, FACUA valora positivamente la posición del departamento, pero cree que debe ir más allá y prohibir su cobro sin excepción. Además, la asociación señala que la redacción del comunicado resulta «ambigua», ya que no aclara qué gastos de gestión deben asumir íntegramente las empresas y cuáles pueden cargar a los usuarios.
La asociación también incide en que debería dejarse claro que el mero desglose del precio de los gastos no debe habilitar que se puedan cargar a los usuarios.
Por otro lado, recalcan que uno de los principales problemas con respecto a los gastos de gestión es la «total falta de transparencia» con respecto a qué se hace referencia con dicho concepto. «Los usuarios desconocen en todo momento cuál es la finalidad de dichas cantidades, y ven como el precio de sus entradas se incrementan sin saber el motivo», critica FACUA.
En cualquier caso, añade que en la práctica totalidad de los casos se cobra a los usuarios unas cantidades que son parte de los costes operativos de la propia actividad empresarial. «La mercantil impone un cargo adicional no por un servicio adicional prestado o solicitado por el cliente, sino por el simple hecho de cumplir una obligación legal propia que le corresponde, facilitar o poner a disposición del usuario la entrada para el evento», concluye.
