El colectivo Marea de Residencias, que aglutina a familiares de víctimas de Covid-19 en residencias de mayores, tiene previsto presentar otras 200 querellas más en diferentes partidos judiciales de la región para que se depuren responsabilidades por la gestión de la Comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia al no derivarse a los enfermos a las urgencias hospitalarias.
El juez de Instrucción número 39 de Madrid ha iniciado este lunes los interrogatorios a afectados en el marco de la querella presentada contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contra el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, por las presuntas negligencias cometidas en seis geriátricos madrileños.
En el caso de que Ayuso fuera investigada penalmente, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fija que el proceso penal contra el presidente correspondería al Tribunal Supremo mientras que en el caso de los consejeros sería competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Miembros del colectivo se han concentrado esta mañana en los juzgados en apoyo a los querellantes. Carmen López, miembro de Marea y presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (Ademaf), ha subrayado que esperan «Justicia» y exigen que se «investiguen responsabilidades a nivel de residencias y de la Administración».
«En los próximos días habrá más querellas en otros partidos judiciales. Hay pendientes otras 200, con las que habrá un total de 400 querellas. Lleva mucho trabajo y hay que prepararlas», ha adelantado.
«PEDIR PERDÓN»
Durante esta jornada prestarán su testimonio un total de nueve afectados, mientras para mañana están citados otros diez. Entre ellos, comparecerá Concha Quirós, cuya madre falleció en una residencia de Manoteras.
Quirós ha relatado el caso de su madre, a quien su padre y ella vieron por última vez el 11 de marzo, hace casi un año. «No nos atendían y nunca me pasaban con ella porque había que ser solidarios. Nos llamaron para decirnos que todo estaba fenomal. Pero el 13 de abril me comentan que la van a cambiar a la planta de desahuciados. Me dijeron que por orden de dirección no salía ningún enfermo de la residencia», ha narrado.
Finalmente, se la trasladó al hospital pero ya con los pulmones destrozados. «La mandaron sola y cuando logré verla me dijo entre lágrimas; por qué me habéis dejado sola. Nadie la explicó nada. No sé ni cuándo se pudo mala. Solo sé que se ha muerto. Toda esta gente, Ayuso, el consejero…, no se pueden ir de rositas», ha espetado.
«De momento deberían salir de rodillas y pedir perdón por todo lo que han hecho. Han dejado a los enfermos sólos, desamparados, solos, con terror.. Había enfermos muertos con una persona viva al lado. Estamos en el Siglo XXI y nos echamos las manos a la cabeza de lo que hicieron los alemanes con los judíos y ¡qué estamos haciendo con los ancianos! y todos mirando a otro lado. Mi madre se ha muerto y el Gobierno y la Comunidad tiene que pagar y el primero el director de la residencia de Manoteras», ha apostillado.
Los geriátricos acusados en la querella son los de Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.
La querella iba dirigida contra los directores de estos centros, pero también, como responsables políticos, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Escudero; y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a quienes acusan de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.
Por ser aforados, el procedimiento fue enviado al Tribunal Supremo (TS), que la devolvió a instancias menores esgrimiendo que han de ser ellos los que investiguen. El Juzgado número 39 ha repartido la instrucción entre otros juzgados, como el que investiga a la directora de la Gran Residencia de Carabanchel.
La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las residencias de mayores y se amplío más tarde para que se investigara el protocolo firmado por el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos.
Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada por el Covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, «aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores».
En el relato de los hechos, se expone que «los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave».
«En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos», añade la querella.
