Familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de la sentencia que obligó en 2016 a las exhumaciones de los restos mortales de los hermanos Lapeña y otros tantos inhumados en el Cuelgamuros.
Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos. Hace siete años, una sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial reconoció el derecho a una «sepultura digna» para los hermanos y estableció que los restos mortales fueran entregados a su nieta.
Pese a la firmeza de la resolución, el abogado de la familia, Eduardo Ranz, denuncia el incumplimiento por parte del Gobierno de dicho auto, lo que supone «una vulneración del artículo 118 de la Constitución Española».
«Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto», ha subrayado el letrado.
El abogado incide en que «además de no recuperar a sus olvidados, ni conocer fecha aproximada, la página web del Gobierno utiliza las imágenes de las víctimas en el Valle, a las cuales nadie les ha pedido permiso».
En aras de evitar nuevas reclamaciones judiciales, y en el caso de no obtener una resolución satisfactoria, esta parte ha adelantado que ejercitará su derecho reconocido en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por el que elevará la pretensión, ante el Parlamento Europeo.
