La Asociación Estatal de Acogimiento Familia (ASEAF) ha pedido al Gobierno una revisión del sistema de protección a menores tras los casos de abuso sexual a niños y adolescentes tutelados que han salido a la luz en los últimos meses. Desde la entidad quieren que «los 17.000 niños tutelados que crecen en residencias lo hagan en una familia».
En la actualidad, apunta la entidad, la ley exige garantía de «un entorno protector en una familia» para estos menores. Sin embargo, ha denunciado ASEAF, en 2020 un 73% de los menores tutelados ingresaron en residencias, frente al 27% que acabaron en acogimiento familiar. Además, ha apuntado, de los que han entrado en centros, «solo 11 de cada 100 regresó con su familia de origen».
Esto, ha indicado la asociación, apunta a una «falta de trabajo» con el «entorno» del menor «para que se produzca el retorno». Tal y como indica ASEAF, en un comunicado recogido por Europa Press, estos niños entran en el sistema y «salen invisibles para la sociedad».
«Con una Ley de Infancia de 2015 que obliga a priorizar el acogimiento familiar, una nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y los fondos Europeos destinados a desinstitucionalización, nos encontramos ante una oportunidad que los poderes públicos no pueden desperdiciar, para abordar de una vez por todas, el cambio de paradigma del acogimiento residencial al acogimiento familiar», ha apuntado la entidad.
PRIORIDAD AL ACOGIMIENTO
Según ha indicado, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos, el Gobierno de España ha previsto en el Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión dos inversiones relativas a la desinstitucionalización y a la modernización de los servicios sociales, donde se menciona específicamente el acogimiento familiar.
Desde ASEAF, piden a todas las administraciones autonómicas que impulsen el cambio estructural de modelo en el sistema de protección, priorizando el acogimiento familiar como la medida de protección más adecuada para el desarrollo de los menores.
En este sentido, la asociación cita al catedrático de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, que asegura que, «aunque es cierto que la institucionalización no crea los problemas, sí los consolida y acentúa».
Este experto ha recordado que los menores tutelados en centros protección ya traen «adversidad acumulada por las situaciones de maltrato, negligencia, abandono o escasez de estimulación» que habían vivido «antes de entrar en un centro residencial». Y, en este caso, según ha indicado, «la institucionalización añade más adversidad como otro factor de riesgo».
La presidenta de ASEAF, María Arauz de Robles, cree que «la solución no está solo en mejorar los centros residenciales, o los protocolos de detección y actuación, sino en que el acogimiento residencial sea, como establece la Ley de infancia y apunta el comité de los Derechos del niño, una medida de último recurso».
«Porque los lugares de cuidado colectivo no dan respuesta a las algunas de las dimensiones más necesarias para el desarrollo de la infancia y la adolescencia», ha explicado. A su juicio, «los niños que crecen en residencias se sienten a menudo olvidados, apartados de la sociedad y estigmatizados, cuando ellos no han hecho nada para crecer en un centro residencial privados de su derecho a crecer en familia».
