El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que su formación promoverá una nueva protesta en la calle a primeros de diciembre para «defender la Constitución española», una protesta que coincidirá con el 45 aniversario de la Carta Magna.
«Nosotros no nos vamos a callar. Consideramos que la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad máxima. En mi opinión, tenemos una responsabilidad superior a la de Gobierno, porque es un Gobierno irresponsable», ha declarado Feijóo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.
Feijóo ha confirmado que el PP utilizará su poder institucional contra la Ley de Amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas utilizando su «mayoría absoluta en el Senado» y su poder territorial en las CCAA. Pero además, ha dejado claro que su partido va a «seguir defendiendo en la calle que nadie es más que nadie en España».
«Vamos a seguir defendiendo la calle de igualdad, vamos a seguir defendiendo en la calle la Constitución. Y los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle a defender la Constitución española», ha avanzado Feijóo, apuntando a que seguramente será el primer fin de semana de diciembre.
PUGNA DEL PP Y VOX POR CAPITALIZAR EL MALESTAR SOCIAL
El PP, que compite con Vox por capitalizar el descontento y malestar social con la Ley de Amnistía, ya promovió protestas en todas las capitales de España el pasado 12 de noviembre. En el caso de Madrid, que se celebro en la Puerta del Sol y las calles aledañas, esa movilización contó con la asistencia de unas 80.000 personas, según la delegación del Gobierno, aunque el partido la cifró en más de 500.000 personas.
El pasado sábado, Feijóo y cargos del partido asistieron en la plaza de Cibeles de Madrid a la concentración contra la amnistía que promovieron más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil, a la que también acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. Los organizadores cifraron en casi un millón los asistentes mientras que la Delegación del Gobierno habló de 170.000 personas.