La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lamentado este lunes el cambio de postura que ha materializado el Gobierno de Pedro Sánchez en relación al Sáhara Occidental, al considerar que «contraviene el derecho internacional vigente», al tiempo que le ha instado a adoptar «las medidas necesarias» para lograr la celebración del referéndum de autodeterminación en el territorio.
UPF se ha pronunciado así en una carta enviada a Sánchez, recogida por Europa Press, después de que una delegación de fiscales y juristas visitara los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) entre el 2 y el 9 de abril para «profundizar en el estudio y análisis jurídico de la situación actual del Pueblo Saharaui y la legalidad vigente».
La asociación de fiscales reprocha este giro en política internacional al entender que «agrava las posiciones mantenidas por nuestros anteriores gobiernos y, lo que es aún más preocupante, contraviene el derecho internacional vigente».
«Consideramos que su respaldo a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos –que lleva proponiendo este Reino desde el año 2007– incumple flagrantemente, entre otros, el Plan de Paz de 1991 que el propio Reino de Marruecos firmó con el Frente Polisario, luego aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU», concreta UPF.
En este contexto, urge a Sánchez a que «adopte las medidas necesarias para que se haga efectivo el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales que corresponden a España para lograr la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental».
A este respecto, subraya que se trata de «obligaciones contraídas no solo en nuestra condición de miembro de la Unión Europea y de la comunidad internacional, sino, fundamentalmente, en la de potencia colonial».
UPF recuerda que «desde el año 1963 –cuando Naciones Unidas consideró al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y declaró que debía descolonizarse a través de un referéndum de autodeterminación– nuestro país no ha dado cumplimiento efectivo a las obligaciones derivadas de su condición de potencia administradora».
DESDE LOS TIEMPOS DE FRANCO
Y señala que, «de acuerdo con lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, corresponde a España el deber de promover los intereses del pueblo saharaui, en aras a la obtención de su progreso social, económico, político y educativo; así como impulsar la ayuda a dicho pueblo, para conformar formas apropiadas de autogobierno, conforme a sus aspiraciones políticas y transmitir a la ONU información periódica sobre la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui».
Para la asociación de fiscales, «la omisión en el cumplimiento de dichas obligaciones es una herencia cronificada desde los tiempos de la dictadura de Franco» y la nueva posición de España «no solo perpetúa esta inacción histórica, sino que pareciera alinearse con el indigno e ilegal acuerdo firmado en el año 1975 por nuestro país (Pactos de Madrid), por los que España cedió parte del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y otra parte a Mauritania».
«Esta situación nos preocupa enormemente, pues su decisión respecto al Sáhara Occidental lejos de contribuir a la finalización del proceso de descolonización constituye una alianza con el Reino de Marruecos que es responsable del bloqueo de ese proceso desde hace ya casi 50 años», denuncia.
Con todo, la UPF advierte de que «cualquier solución ajena al marco de la legalidad internacional y al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a España supondrá la pérdida de una oportunidad histórica para consolidar el liderazgo de España en la conquista de la democracia y las libertades y para devolver el futuro robado al pueblo del Sáhara Occidental».
