La Fiscalía ha cambiado este martes su criterio y se ha posicionado en una vista en el Tribunal de Cuentas (TCu) a favor de admitir el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para devolver a ERC los 2,1 millones que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de excargos del Govern por el presunto desvío de fondos para la acción exterior –las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat– en el marco del ‘procés’.
Según ha asegurado el fiscal, «las cantidades reclamadas ya están aseguradas y no tiene ningún sentido mantener este dinero depositado por ERC», por lo que no se ha opuesto a la sustitución que habían solicitado los miembros del partido independentista encausados.
Por contra, la otra demandante, Sociedad Civil Catalana (SCC), ha ratificado su posición en el sentido de oponerse a los avales del ICF. Su abogado ha defendido que el depósito es «la forma más sencilla de cumplir con lo mandado por el Tribunal».
El motivo de la vista celebrada hoy es que el exconseller Raül Romeva solicitó que se devolvieran a ERC los 2,1 millones que depositó por su presunta responsabilidad contable y los de las demás personas que responden solidariamente con él, otros 19 demandados. Hasta ahora, el Ministerio Fiscal se había mostrado en contra.
La petición de Romeva llegó después de que el órgano fiscalizador rechazara una petición anterior de ERC para que le devolviera dicho depósito tras conocerse que la Sala de Justicia del TCu admitía los avales presentados por el ICF.
Entonces, el TCu indicó a la formación política que antes del reintegro debía aprobarse la sustitución del depósito por los avales del ICF, un trámite que debían iniciarlo cualquiera de los presuntos responsables contables cubiertos por el depósito, de ahí que ahora haya sido Romeva quien lo ha solicitado.
