La Fiscalía del Tribunal Supremo estudiará «detenidamente» la declaración voluntaria hecha pública este miércoles por el Rey emérito Juan Carlos I ante la autoridad tributaria, en la que ha abonado un total de 678.393,72 euros. Se correspondería a lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018
La información ya ha llegado formalmente a la Fiscalía del Tribunal del Supremo a través de los peritos de Hacienda adscritos al equipo que investiga las tres diligencias abiertas contra el que fuera jefe del Estado hasta junio de 2014, han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio Público.
Se trata, según las fuentes consultadas, de un «hecho nuevo» que debe ser analizado de forma pormenorizada antes de decidir sobre el archivo o no de las diligencias de investigación que fueron abiertas hace un año por posibles delitos derivados del uso de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas al exmonarca por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid sería la administración competente de remitir el expediente del que se dispone a la Fiscalía en el caso de que se tratara de una regularización del impuesto de sucesiones y donaciones -cuya gestión es autonómica– tal y como apuntó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fuentes próximas a la regularización han confirmado a Europa Press que la cantidad abonada, que incluye intereses y recargos, según comunicó ayer el abogado del Rey emérito , Javier Sánchez-Junco, correspondería a donaciones superiores a 800.000 euros. La investigación debe concluir aún si esta cantidad se corresponde con la realidad de lo recibido en las supuestas donaciones.
La presentación de esta declaración parece despejar el camino a un archivo de las diligencias de la Fiscalía respecto al delito fiscal, pero siempre que la declaración sea «completa y veraz».
Esto es porque el artículo 305.4 del Código Penal señala expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria «cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización».
Añade que tampoco hay delito, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, si se regulariza «antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
Este sería el caso aplicable al Rey emérito, según las mismas fuentes, si bien la autoridad tributaria debe comprobar si, tal y como señala el precepto, el reconocimiento de la deuda con la Hacienda pública ha sido «completo», es decir, no quedan cantidades sin reconocer que pudieran seguir ocultas al fisco.
Así, y con independencia de que el abogado remita escrito a la Fiscalía informando de su actuación ante Hacienda, el equipo de fiscales del Tribunal Supremo que investigan el patrimonio del Rey deben recibir notificación formal de la administración tributaria competente y realizar diversas averiguaciones que permitan constatar que las citadas donaciones son tales. Es decir, se debe aclarar el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales.
La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. El dinero se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.
Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que abrió el expediente sobre este asunto hace algo más de un año.
Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.
Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de «inteligencia financiera» –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)–.
Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.
Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un ‘trust’ en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.
