Foro Judicial Independiente ve «nula» voluntad de reformar el sistema de elección del CGPJ

Redacción

La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) ve «nula» voluntad de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas Podemos relativas a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

«La reforma evidencia una vez más la nula voluntad de reformar el sistema de elección del CGPJ para su elección por los jueces para despolitizar el órgano. Lejos de ello, y en una escalada creciente de politización de las instituciones, es la tercera vez que se acomete la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una para quitar al CGPJ en funciones la facultad de realizar nombramientos discrecionales, la segunda para devolverle la de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional y ahora la tercera para rebajar las mayorías y eliminar el control de idoneidad», ha destacado la asociación en un comunicado remitido este sábado.

La asociación considera «muy graves» la enmienda para eliminar el consenso en la mayoría y la verificación que hace el Tribunal Constitucional de los candidatos, y destaca que las modificaciones legislativas «pretenden sin descaro el control de los órganos constitucionales, en consonancia con la idea de que ganar unas elecciones da derecho a copar todas las instituciones, especialmente aquellas creadas para el control del poder».

«Nuestra Constitución y la Ley diseñaron un sistema de consenso mediante mayorías reforzadas que se están viendo suprimidas en aras de un control absoluto del partido que en cada momento obtenga la mayoría parlamentaria», incide.

Asimismo, la asociación ha mostrado su preocupación por lo que ha considerado un «progresivo retroceso en parcelas de la democracia y del Estado de Derecho incompatibles con los derechos de la ciudadanía y con las exigencias europeas».

De esta forma, señala que una democracia necesita sistema de contrapesos de poder, que «si bien no resultan del agrado de los entes o sujetos controlados aseguran al ciudadano un ejercicio democrático del poder que se otorga a los representantes políticos».

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