La Generalitat y el Gobierno central han iniciado una negociación bilateral para evitar llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley que modifica la Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana que el Ejecutivo catalán aprobó para poder convocar la consulta sobre la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.
Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha asegurado que el Gobierno ha expresado «dudas» sobre las competencias de la Generalitat para convocar estas consultas, por lo que han iniciado un proceso de negociación bilateral para tratar de llegar a un acuerdo en ocho meses.
El Govern aprobó en marzo este decreto para poder convocar consultas de carácter supramunicipal que afecten a una parte concreta de la población catalana y lo hizo para posibilitar la votación en las comarcas del Pirineo catalán para validar la candidatura a los JJ.OO.
