El Gobierno ha comenzado ya a poner en marcha buena parte de los acuerdos alcanzados con el Govern en la reunión de la Mesa de Diálogo del pasado mes de julio, tanto en lo referido a la «desjudicialización» como en la promoción del catalán. Sin embargo, desde el Ejecutivo catalán consideran que esos compromisos deben incluir también la modificación del delito de malversación de fondos públicos.
De la reunión del pasado 27 de julio salieron dos documentos, en uno de ellos se contenía el compromiso de la desjudicialización, pero sin concretar cómo se llevaría a cabo, y también una garantía sobre «el patrimonio de las personas», en referencia, aunque sin citarlo expresamente, a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas para los participantes en el ‘procés’.
CASTELLANO
El otro documento, de tres folios, incluía numerosos compromisos para que el Gobierno promoviera el uso del catalán en distintos foros además de comprometerse a respaldar el nuevo marco normativo que aprobó el Parlamento catalán para no dar curso a la sentencia que les obligaba a aplicar el 25 por ciento de la lengua española en las aulas.
Pues bien, la gran mayoría de los compromisos han sido puestos ya en marcha por el Gobierno, aunque la interpretación que ha hecho éste y la Generalitat incluyen algunas diferencias sobre cómo debe ser la desjudicialización.
El texto del acuerdo habla de «la apuesta por avances paulatinos y concretos» que «se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales».
Es decir, que el acuerdo no concretó cuáles deben ser esas reformas legislativas. El Gobierno ha entendido que éste compromiso de desjudicializar se cumple, por el momento, con la supresión del delito de sedición, sustituyéndole por otro llamado ‘desordenes públicos agravados’. Alegando que así cumplen con la promesa que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura.
Lo cierto es que Sánchez no mencionó la supresión del delito de sedición en ese debate, sino que se limitó a hablar de «desjudicializar». Una promesa que ahora se ha traducido en la supresión del delito de sedición para «adaptarla a los estándares de los Códigos Penales» de otros países europeos más desarrollados, según argumentan repetidamente los miembros del Gobierno y del PSOE.
En ese primer documento del pasado 27 de julio, el Gobierno también se comprometió a reforzar los derechos fundamentales «asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener un efecto sobre los derechos y las libertades o el patrimonio de las personas».
Tampoco aquí se especificó a qué patrimonio y de qué personas se estaba hablando, pero se da por supuesto que afecta a las sanciones pecuniarias establecidas por el Tribunal de Cuentas para los participantes en el procés, dado que la condena del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas también lo fue por malversación de fondos públicos.
Previo a la firma de este acuerdo, la Abogacía del Estado ya renunció en enero a personarse en la causa donde se enjuiciará el presunto uso irregular de fondos públicos para el 1-O, las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña –conocido como Diplocat–.
Además, la Fiscalía también había rebajado en abril la responsabilidad contable por estos hechos. Así, la cifró en 3,4 millones de euros frente a los 9,5 que había establecido el Tribunal de Cuentas inicialmente. Junto a ello, el Ministerio Público también pidió, y el Tribunal de Cuentas accedió, a apartar a 16 excargos –entre ellos a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull– de la lista de personas a las que se les reclama, en concepto de responsabilidad contable, los fondos presuntamente desviados por la Generalitat en el ‘procés’.
Gobierno y Generalitat pactaron en ese documento que las modificaciones legislativas fueran aprobadas antes de que finalizara el actual periodo de sesiones del Parlamento. Con lo que el Ejecutivo da cumplimiento a estos pactos ya que ha presentado la reforma del Código Penal, suprimiendo el delito de sedición, antes de que acabara el año.
Aunque para los independentistas esta propuesta se queda corta, ya que el propio presidente de la Generalitat ha reclamado también abordar la reforma del delito de la malversación u otros tipos por los que también han encausado a dirigentes independentistas, entre ellos a Oriol Junqueras.
«Hoy damos un paso muy importante y habrá que hacer más. Seguimos comprometidos para conseguir los efectos de la amnistía», señaló el pasado viernes al tiempo que planteaba de nuevo un referéndum de autodeterminación.
PROMOVER EL CATALÁN EN EUROPA Y USARLO EN EL SENADO
En el segundo documento, las partes acordaron promover el catalán en Europa, en los organismos internacionales y en las Cámaras Legislativas empezando por el Senado. Además, el Gobierno respaldaba expresamente el desarrollo del nuevo marco normativo aprobado por el Parlamento de Cataluña que eludió la aplicación de la sentencia que obligaba a impartir un 25 por ciento de castellano en la enseñanza.
Uno de los acuerdos consistió en que el Gobierno de España pediría a la presidencia del Parlamento europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución.
Esta petición fue cursada en septiembre por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al Parlamento Europeo, como reconoció la presienta de la institución, Roberta Metsola, en una entrevista con Europa Press, en la que explicó que la Eurocámara estaba estudiando todas las posibilidades
en torno al uso del catalán, el gallego y el vasco durante las sesiones plenarias, después de que el Gobierno enviara en septiembre una carta a Estrasburgo para solicitar su admisión como lenguas de uso en el hemiciclo.
El pasado 16 de septiembre también se produjo una reunión entre la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Natalia Garriga, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la que la catalana propuso un plan de trabajo que garantice que la administración del Estado atienda en catalán en Cataluña. Un compromiso que también figura en el acuerdo del 27 de julio.
Otro de los compromisos fue el de promover en la presente Legislatura las reformas reglamentarias en las Cortes Generales para ampliar el uso de las lenguas cooficiales. «En este sentido, se empezará por impulsar la revisión del Reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara Alta», precisa el documento.
En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales está permitido exclusivamente en el Senado para los debates de las mociones y para las intervenciones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, aunque está en tramitación una propuesta de Junts para reformar el Reglamento y extender el uso del catalán, el euskera y el gallego a todos los debates parlamentarios.
No obstante, la Portavoz socialista en el Senado ha precisado, en una entrevista con Europa Press, que aumentará el uso de las lenguas cooficiales, pero ha matizado que no se «universalizará».
El Ejecutivo también se comprometía a garantizar la financiación para llevar a cabo los acuerdos, además de incluir la perspectiva lingüística en los proyectos normativos y facilitar que la Generalitat envíe representantes a los foros internacionales que traten políticas con dimensiones lingüísticas.
