El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir al juez de Tribunal Supremo (TS) que intervenga el correo electrónico del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa donde se investigan presuntas filtraciones.
El novio de Díaz Ayuso solicitó el pasado julio al TS que llevara a cabo una serie de diligencias, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) enviara su exposición razonada al Supremo pidiendo imputar al fiscal general, tal y como ha recordado este martes eldiario.es.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que González Amador ha reiterado su petición al TS en un escrito presentado el pasado lunes, una vez que el alto tribunal ha abierto causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos.
En este nuevo escrito, insiste en que se acceda tanto al correo electrónico de García Ortiz como al de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en la causa abierta en el TS, así como que se impute a la responsable de prensa del Ministerio Público.
Como novedad, González Amador plantea requerimientos complementarios de tipo documental para determinar las distintas versiones que hubo de la nota de prensa que dio origen al caso al mismo tiempo que se habría producido la presunta filtración.
El instructor del caso en el Supremo, el magistrado Ángel Luis Hurtado, tiene sobre la mesa esta petición de González Amador y las medidas cautelares solicitadas la semana pasada por la acusación popular que ejerce Manos Limpias para suspender del cargo a García Ortiz mientras esté investigado.
González Amador llevó a los tribunales la nota informativa que la Fiscalía de Madrid difundió el pasado 14 de marzo dando cuenta de una serie de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso donde se le investiga por fraude fiscal, Julián Salto, para llegar a una acuerdo de conformidad.
Una sala de cinco magistrados decidió por unanimidad investigar a García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos. Sin embargo, el TS aclaró que el delito no estaría en la nota informativa, sino en la filtración de los correos electrónicos a los medios de comunicación la noche anterior a que la Fiscalía emitiera dicho comunicado.
Tras ello, García Ortiz anunció que seguiría en el cargo al considerar que es «lo menos gravoso» para la institución. El jefe del Ministerio Público sostiene que era obligación de la Fiscalía desmentir un «bulo», aludiendo así a las publicaciones que, en atención a otra filtración, señalaban que Salto había ofrecido a González Amador un pacto.
