En febrero, la justicia británica había rechazado la solicitud de protección policial sistemática para el príncipe Harry durante sus visitas al Reino Unido. El pasado lunes se confirmó el rechazo de su apelación; no obstante, Harry todavía tiene la opción de recurrir a un tribunal para apelar la medida.
El duque de Sussex, hijo menor del rey Carlos III, y su esposa Meghan Markle, perdieron el derecho a una protección sistemática con fondos públicos cuando visiten el Reino Unido. Esta decisión se tomó después de que en 2020 optaran por poner fin a sus funciones públicas dentro de la familia real e instalarse en California, Estados Unidos.
El príncipe cuestionó el fallo de las autoridades de no otorgarle protección, especialmente después de que se determinara que estudiarían en cada viaje del príncipe las posibles medidas de seguridad a tomar. A finales de febrero, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que esta decisión «no era irracional».
Un portavoz del príncipe Harry indicó en febrero que Harry apelaría, argumentando que no estaba «reclamando un trato preferencial», sino simplemente una aplicación «justa y legal» de las normas de protección. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó este lunes la apelación, confirmando que la decisión tenía razones «fundadas».
La seguridad es un tema muy delicado para el príncipe, quien atribuye a la prensa y los paparazzi el accidente mortal de su madre, la princesa Diana, en París en 1997. La última visita del príncipe al Reino Unido se remonta a una breve estancia en Londres el 6 de febrero, un día después que el rey Carlos III revelara su diagnóstico de cáncer.
En febrero, Harry sufrió su segunda derrota legal en su lucha por conservar las medidas de seguridad al visitar el Reino Unido. Esta decisión se suma a un revés anterior en mayo de 2023, cuando los tribunales le negaron el derecho a recibir protección policial, a pesar de su disposición a costearla con fondos personales.
Además, el fallo del lunes también implicó una condena para el príncipe Harry, quien fue ordenado a pagar el 90% de los gastos judiciales del Ministerio del Interior relacionados con este caso. Estas decisiones legales marcan otro episodio en la prolongada batalla legal del duque de Sussex, quien también ha emprendido varios procesos legales contra los tabloides británicos.
