El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; y el de Organización, Alberto Rodríguez, se encuentran pendientes de sendas decisiones que tiene que adoptar respecto a ellos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, las cuentas del partido morado están siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid a raíz de la denuncia de un exabogado de la formación a la que se ha sumado un informe del Tribunal de Cuentas que ve «indicios sugerentes de responsabilidad penal» en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 .
Se trata de tres asuntos judiciales muy diferentes, tanto por la naturaleza de los hechos investigados como por el estado de las actuaciones, si bien todos ellos tienen en común que afectan a la cúpula de la formación que gobierna actualmente en coalición con el PSOE, por lo que el desarrollo de todos estos procedimientos tiene una importante trascendencia política y mediática.
La causa contra el también vicepresidente segundo del Gobierno procede de la Audiencia Nacional, cuyo magistrado central de instrucción Manuel García Castellón ha acordado este miércoles elevar una exposición razonada al Supremo para solicitar que le investigue por los delitos de «descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito» en relación con el uso que pudo hacer del teléfono de su exasesora Dina Bousselham.
El dispositivo había sido presuntamente robado y su contenido — también encontrado en poder del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo– fue entregado por un empresario de medios al líder morado, que lo retuvo durante meses antes de devolverlo, presuntamente dañado, a su dueña. Iglesias utilizó políticamente la difusión de parte de los datos en prensa para denunciar una campaña en su contra y , por todo ello, el juez central número 6 de la Audiencia Nacional ve indicios para que se proceda contra Iglesias, que es aforado en su doble condición de miembro del Gobierno y diputado en Cortes.
Según la tesis del juez, además de Iglesias en el presunto «montaje» con trascendencia delictiva podrían estar implicados otros cargos de Podemos, como es la que fuera directora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso María Gloria Elizo, además de dos letrados de la formación y la propia Bousselhan y su exmarido.
En todo caso el asunto es aún muy inicial, puesto que la Sala de lo Penal aún no ha estudiado si quiera la posible admisión del caso, una decisión que será precedida de la petición de un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Debe ser la Sala la Admisiones la que abra o no causa y, de darse la primera de las hipótesis, la que designe un magistrado instructor que será el encargado de citar entonces al vicepresidente para que comparezca de forma voluntaria. Para la imputación formal se precisa suplicatorio por la condición de diputado de Iglesias.
Algo más avanzada está la causa penal al diputado de Unidas Podemos y secretario de organización del partido morado Alberto Rodríguez Rodríguez, a quien se atribuyen indiciariamente indicios de que pudo cometer delitos de atentado contra la autoridad y lesiones durante una protesta en 2014 contra el que fuera ministro de Educación del PP José Ignacio Wert en Tenerife. En este caso ya ha habido admisión y se ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral.
CARGOS INVESTIGADOS POR LAS CUENTAS
Lo de Rodríguez parece cosa menor en relación con la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 42, que tiene como imputado a Podemos y ya ha citado en calidad de investigados a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y a la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val.
Esta investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por un exabogado de la formación morada, José Manuel Calvente, que apunta diferentes irregularidades que pasan por la facturación de servicios en las campañas, las obras en la sede o la existencia de salarios por encima de lo estipulado en las normas éticas del partido.
La Fiscalía de Madrid, sin embargo, ya apuntado en un informe que el juez únicamente debía seguir adelante con su investigación en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting, y al que aludía precisamente el Tribunal de Cuentas en el informe que ya se encuentra a disposición del juez.
Otras irregularidades apuntadas por Calvente fueron tachadas por el Ministerio Público de meras conjeturas carentes de indicios suficientes para sustentar una instrucción penal.
Finalmente, otro de los asuntos que han llevado a cargos de Podemos ante la Justicia ha sido el de la portavoz de formación en la Asamblea Isa Serra, condenada el pasado mes de marzo a 19 meses de cárcel e inhabilitada por participar en los altercados de un desahucio en 2014.
La condena, que aún no es firme, señala que la libertad de expresión tiene «límites y no puede amparar comportamientos ilegales», así como a una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone la privación del dereco a er elegida como cargo público.
