La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a España la supresión gradual de las medidas de apoyo a la energía para finales de 2023 y su eliminación total en 2024, al tiempo que ha animado a utilizar los ahorros correspondientes para reducir el déficit público y limitar el gasto.
Además, apunta que en caso de que nuevos incrementos de precios hagan necesarias más medidas de apoyo, estas deberán ser fiscalmente asequibles y se destinen únicamente a proteger a los hogares y empresas más vulnerables.
En relación al regreso de las normas fiscales comunes –congeladas desde 2019 debido a la pandemia– que fijan un máximo de déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60%, Bruselas ha instado al Gobierno español a garantizar una política fiscal «prudente» y en particular, a limitar el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional –el nuevo indicador que propone la Comisión– en 2024 a un máximo del 2,6% respecto al año anterior, lo que implica un ajuste estructural de al menos el 0,7% del PIB en 2024.
Suponiendo que las políticas no varíen, las previsiones de primavera de 2023 de la Comisión prevén que ese gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca un 1,4% en 2024, por debajo de la tasa de crecimiento recomendada.
Bruselas también anima a España a preservar la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones del fondo de Recuperación y Resiliencia y otras ayudas de la UE, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital.
Para el período posterior a 2024, el Ejecutivo comunitario pide que se siga aplicando una estrategia fiscal a medio plazo de saneamiento «gradual y sostenible», combinada con inversiones y reformas que propicien un mayor crecimiento, a fin de lograr una situación presupuestaria «prudente» a medio plazo hasta 2026.
Según el programa, se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya gradualmente hasta el 2,7% del PIB en 2025 y hasta el 2,5% en 2026. Por lo tanto, se prevé que el déficit de las administraciones españolas disminuya por debajo del 3% del PIB en 2025 y que el ratio deuda pública baje del 109,1% del PIB a finales de 2024 al 106,8% a finales de 2026.
Asimismo, se espera que España mantenga el impulso en la aplicación constante de su plan de recuperación y resistencia y finalice rápidamente el capítulo de medidas energéticas con vistas a iniciar «rápidamente» su aplicación, además de garantizar la continuidad de una capacidad administrativa «suficiente» con vistas al aumento previsto del tamaño del plan, después de que España manifestase el pasado 28 de marzo su intención de solicitar 84 millones de euros de préstamo adicional.
Otras de las recomendaciones planteadas por Bruselas pasan por reducir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar el despliegue de las energías renovables, aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes o intensificar los esfuerzos políticos dirigidos a la provisión y adquisición de las cualificaciones necesarias para la transición ecológica.
PROCEDIMIENTO DE DESEQUILIBRIO MACROECONÓMICO
En su informe posterior al procedimiento de desequilibrio económico (PDE), Bruselas destaca que la economía española superó las perturbaciones provocadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y registró un «fuerte crecimiento» en 2022 que se espera que continúe a lo largo de 2023, con una previsión de crecimiento del 1,9%, acorde a las proyecciones de la Comisión, aunque a un ritmo «más moderado».
El Ejecutivo comunitario también ha destacado que el saldo de las administraciones públicas españolas en 2022 ha mejorado, favorecido por el buen comportamiento de los ingresos, aunque advierte de que el déficit subyacente y la deuda pública siguen siendo «elevados».
Por otro lado, subraya que el sector bancario se ha mantenido resistente, ya que la calidad de los activos ha seguido mejorando y la rentabilidad aumentó notablemente en 2021 y 2022, pero se enfrenta a nuevos retos derivados de la elevada inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación.
