El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración como imputado este jueves a partir de las 10.00 horas al productor de televisión José Luis Moreno, el presunto cabecilla de la macroestafa que se investiga en la ‘Operación Titella’, que eclosionó el pasado mes de junio con decenas de detenciones, incluida la suya.
El ventrílocuo comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 después de que él mismo se ofreciese a declarar voluntariamente en noviembre. Entonces, su abogado dejó claro que todas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha revelaban el «error tremendo» que supuso la imputación de Moreno, haciendo énfasis en que el resultado de las mismas era «marcadamente exculpatorio».
Además, lamentaba que durante los últimos meses las acusaciones hubiesen sido «incapaces de aportar un solo indicio racional de criminalidad» que superase «la condición de mera conjetura o convencimiento anímico». A su juicio era algo «lógico» puesto que es «imposible acreditar lo inexistente».
José Luis Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.
La semana pasada, ya declaró el examigo íntimo de Moreno, Martin Czehmester, que negó la venta de una casa en Praga –que fue adquirida por la sociedad YOUMORE TV– o que participase en el supuesto blanqueo de capitales que los investigadores atribuyen a las empresas del ventrílocuo.
Además, el magistrado escuchará el próximo 9 de marzo al empresario argentino Alejandro Roemmers, un socio al que Moreno habría estafado con la grabación de una serie sobre la vida de San Francisco de Asís: ‘Glow & Darkness’.
MORENO, LA TARJETA DE VISITA
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
