El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la operación Titella, Ismael Moreno, tomará declaración este martes a cinco investigados que guardarían relación con el productor televisivo José Luis Moreno, llegando algunos de ellos a colaborar presuntamente para conseguir financiación de forma fraudulenta.
En una diligencia del pasado martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 fija para este martes a partir de las 09.30 horas la declaración como investigado de Jorge Medina, a quienes los investigadores sitúan en la trama dedicada al fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados.
En concreto, los oficios policiales señalan que «habría utilizado su propio entramado societario para llevar a cabo la actividad fraudulenta consistente en el ingreso recurrente de cheques de importes elevados que posteriormente vienen devueltos por embargos o falta de liquidez en las cuentas».
Ese mismo día el magistrado también escuchará pero en calidad de investigados Luis Oliver Albesa, Alfonso Escribano y Francisco Manuel García Navarro. En el caso de este último, al no encontrarse personado en las actuaciones, el instructor ordenó hace un mes a la Policía Nacional y la Guardia Civil su localización.
DECLARACIÓN EN EL AIRE
Para el mismo martes estaba previsto que el magistrado escuchase a Pascal Jean Jorgen, presunto colaborador de Moreno y administrador único de la sociedad Indiana Films, aunque su declaración podría no celebrarse. Jorgen, que se encontraba en tratamiento facultativo de las lesiones padecidas, debía comparecer este lunes en la Audiencia Nacional para informar de su situación, pero no lo hizo.
Es por eso que el juez requiere en su auto a su defensa para que alegue lo que proceda respecto a la incomparecencia de su cliente aportando los justificantes correspondientes sobre la citada ausencia.
En el caso de Jorgen, los agentes creen que habría trabajado para el ventrílocuo intentando «cerrar operaciones con inversores privados para conseguirle liquidez, teniendo conocimiento que la documentación aportada a los inversores de las sociedades a las que se les daba financiación era fraudulenta».
Aunque el instructor fijó para este lunes la declaración de otros cuatro investigados, las mismas han sido suspendidas y fijadas para el próximo 9 de mayo. Ese día declararán, entre otros, el presunto testaferro del empresario argentino Alejandro Roemmers en España, donde cuidaría de sus intereses.
MORENO, LA TARJETA DE VISITA
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
