Asociaciones de jueces y fiscales han expresado su «profunda preocupación» por el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno –que incluye una amnistía extendida hasta los supuestos casos de ‘lawfare’ y contempla emprender «acciones de responsabilidad» contra los responsables de los mismos–, al considerar que «existe un riesgo evidente de quebrar la democracia».
Las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– han firmado un comunicado conjunto donde ponen el foco en «las referencias al ‘lawfare’ o ‘judicialización de la política’ y sus consecuencias» para expresar su «rechazo».
Explican que «el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», indican.
Frente a ello, responden que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución».
Así, denuncian que «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirman.
«ESTAMOS EN UN MOMENTO MUY CRÍTICO»
Por su parte, Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, ha sido el encargado de mostrar su «más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo».
«En ese acuerdo, se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas», ha señalado.
Oliva ha defendido que «lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley». «Ese es el pecado», ha lamentado, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Así, ha reclamado que se respeten la separación de poderes y la independencia judicial, advirtiendo de que «estamos en un momento muy crítico» porque «existe un riesgo evidente de quebrar la democracia».
«GOLPE DE GRACIA AL SISTEMA CONSTITUCIONAL»
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) ha mostrado mediante un comunicado su más firme oposición al acuerdo de investidura ya que contempla esas comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales. Entienden que es «un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio al Estado de Derecho».
«Es inadmisible la utilización del término ‘guerra judicial’ (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente», subraya el texto de la asociación mayoritaria de la carrera fiscal.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha querido mostrar a través de un comunicado su «absoluto rechazo» a las referencias incluidas en el acuerdo sobre ‘lawfare’, y ha aseverado que es «inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes».
«Los jueces y tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado», añade.
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha manifestado a esta agencia de noticias que el acuerdo entre ambas formaciones «es muy grave» y supone implícitamente «un cambio de modelo constitucional» porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador.
Para Viada, el texto «es un golpe de gracia al sistema constitucional español» y la ley de amnistía que saldrá adelante, «una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts».
Ha destacado asimismo que la mención de las comisiones de investigación que arrancarán en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de ‘lawfare’ es «lesiva para el Estado de Derecho» pero a la vez «consecuente» con la idea de que existió «una ilegitimidad por parte del Estado para perseguir» determinados delitos: «Pero es que los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar».
Por último, ha indicado que, si la Justicia en España está politizada, «es por culpa entre otros de PSOE y de Junts», y ha señalado que el partido de Carles Puigdemont «no ha propuesto en la vida un cambio de paradigma para elegir al fiscal general del Estado o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. «La politización existe, pero extraer de ello la ilegitimidad de las condenas del ‘procés’ es un exceso y una hipocresía que no debe aceptarse», ha concluido.
