Jueces y fiscales se reunirán este miércoles con el Ministerio que dirige Pilar Llop –en el marco de la reunión de la Mesa de Retribuciones– para negociar una actualización salarial que evite la huelga indefinida que ya han convocado a partir del 16 de mayo.
Está previsto que en el encuentro tres representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propongan actualizar los salarios de los jueces, alineándose de esta forma con tres de las cuatro asociaciones judiciales que han formalizado ya una convocatoria de huelga indefinida.
El Pleno del Consejo ya acordó, por unanimidad, que era «necesario revisar y actualizar las retribuciones» de los jueces «adecuándolas a los principios cuantitativos y cualitativos» que recoge la Ley de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y Ley Orgánica del Poder Judicial.
El CGPJ explicó que el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituye un «elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional», así como «a la realización de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos».
Así, concluyó que «el espacio institucional adecuado para hacer reales y efectivas esas propuestas» era la ya convocada Mesa de Retribuciones, que tiene previsto reunirse este miércoles, y que los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya serían los encargados de participar en las reuniones y de llevar la propuesta.
LA POSTURA DE JUECES Y FISCALES
Está previsto que en la Mesa de Retribuciones convocada para este miércoles a las 11 horas participen los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, del CGPJ, Fiscalía y asociaciones profesionales, tal y como lo fija la ley «al objeto de facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal».
La decisión del CGPJ de llevar esta propuesta a la Mesa de Retribuciones tiene lugar después de que el pasado 24 de abril la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) avisaran en un comunicado de que si no se llegaba a un acuerdo de mejora salarial irían a huelga.
En el mismo comunicado, las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, pero se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar «oportuno» esperar a la reunión de este miércoles.
El pasado viernes, la APM, la AJFV, FJI, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunciaron la convocatoria formal de una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisaron que se trataba de un trámite administrativo que debían cumplir al menos 10 días de que empezase la huelga, por lo que, a raíz de los festivos previstos para mayo, decidieron dar el paso con antelación. Las mismas fuentes insistieron en que el curso de la convocatoria dependería de la reunión de este miércoles.
Ante la formalización de la convocatoria de huelga indefinida, fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press afearon a las asociaciones convocantes dicho movimiento al considerar que ello demostraba que no creían en la Mesa de Retribuciones y que no tenían «intención de dialogar», sino una «intencionalidad política».
De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la Justicia en lo que va de 2023. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) estuvieron dos meses de parón hasta que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. Resuelto dicho conflicto laboral, se abrió un nuevo frente y los funcionarios de Justicia empezaron su propia huelga indefinida el pasado 17 de abril para lograr una mejora salarial «en línea» con la de los LAJ.
EL MALESTAR DE LOS FUNCIONARIOS
En el marco de este escenario, los sindicatos de los funcionarios de la Administración de Justicia reclamaron la dimisión inmediata de la ministra por su actitud ante el conflicto al considerar que era «un cero a la izquierda» en el Gobierno, que estaba «ausente» y que insultaba a los trabajadores de la Administración con su imagen en la Feria de Abril en Sevilla mientras se intentaba negociar una salida que diera fin al parón que mantienen para lograr mejoras retributivas.
Así las cosas, los funcionarios tienen previsto manifestarse este jueves, a las 12 horas, frente al Ministerio de Justicia en Madrid. Además, han decidido cambiar el formato de la huelga indefinida y pasar de paros parciales de tres horas al día a paros totales los días martes, miércoles y jueves de esta semana.
Desde el comité de huelga indicaron que la negociación está ahora en punto muerto, pero aseguraron que confían que con esta nueva presión el Ministerio vuelva a citarles para ahora sí comenzar a negociar.
LA PROTESTA DE LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO
Al conflicto laboral de Justicia con los funcionarios se suma el de los abogados del turno de oficio, que el pasado jueves marcharon en Madrid, ataviados con togas y al canto de «somos abogados, no somos esclavos», para reclamar una batería de mejoras laborales que incluye actualización de los baremos, «más conciliación», «desconexión digital», «jubilación digna». Según advirtieron, si no se resuelve la situación actual realizarán paros centrales y movilizaciones.
Virginia de la Cruz, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), incidió en que «muchas de las actuaciones» que realizan, cerca de «un 20%», no se les retribuyen, en referencia a los recursos y ejecuciones que por ley están obligados a presentar en los procedimientos que llevan.
«No podemos seguir consintiendo que trabajemos y no se nos pague», apuntó, al tiempo que insistió en la necesidad de actualizar los baremos y de modificar ley para que se retribuya a los abogados del turno de oficio los servicios prestados a las personas jurídicas.
