La Audiencia Provincial de Cantabria juzga desde hoy a un hombre acusado de violar a la hija de su pareja tras suministrarla alcohol y a la madre de la víctima por presenciar los hechos y no socorrerla pese a su petición de auxilio.
Está previsto que el juicio contra ambos, acusados por un delito contra la libertad sexual como autor material en el caso del hombre y como autora en comisión por omisión en el de la madre, comience a las 9.30 horas en la Sección Primera y continúe el jueves 1 de diciembre.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, en noviembre de 2021 la pareja y la hija de la mujer se dirigieron a un hotel de Santander tras haber estado consumiendo alcohol. Una vez en la habitación, el acusado volvió a suministrar alcohol a la hija de su pareja y la mujer «se tumbó en la cama mareada, en un estado de aturdimiento».
Aprovechando esa circunstancia, el acusado desnudó a la víctima y, a pesar de su negativa, se colocó encima de ella «penetrándola vaginalmente, llegando a eyacular, mientras la mujer le empujaba y le decía que la dejara irse».
En el transcurso de la relación sexual no consentida, la hija solicitó insistentemente el auxilio de su madre, quien se encontraba a su lado en la cama, pero la acusada hizo caso omiso a la petición, «sin que hiciera nada por ayudarla».
Finalmente, la mujer logró zafarse del hombre de un empujón, «tratando de evitarlo su madre, agarrándole por la mano e indicándole que no se podía ir», pese a lo cual logró salir a la calle y pedir auxilio a la policía.
Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió lesiones en genitales y afectación emocional con ansiedad.
La Fiscalía solicita para el acusado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, seis años de prisión y cuatro de libertad vigilada. Para la acusada, en la que concurre la agravante de parentesco, solicita ocho años de prisión y seis de libertad vigilada.
En concepto de responsabilidad civil, reclama a los acusados una indemnización de 5.600 euros por las lesiones y las secuelas sufridas.
La acusación particular que ejerce la denunciante se suma a la calificación de la Fiscalía y eleva la petición de indemnización hasta los 12.000 euros.
