Instituciones Penitenciarias da un paso más para mejorar la comunicación entre internos y sus abogados.
En un avance significativo hacia la modernización y humanización del sistema penitenciario, Instituciones Penitenciarias ha emitido una nueva Instrucción que marca un antes y un después en la forma en que se desarrollan las comunicaciones entre internos y sus abogados defensores. Como abogada penalista, considera que esta medida no solo es un reflejo de la evolución tecnológica, sino también una muestra del compromiso del sistema con el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos. La justicia debe ser accesible y eficiente, y esta instrucción es un paso firme en esa dirección.
El contenido de esta nueva normativa regula minuciosamente cómo deben llevarse a cabo estas comunicaciones, adaptándose a las necesidades actuales y garantizando que se realicen en un entorno seguro y adecuado. Esto incluye la posibilidad de realizar comunicaciones sin barreras físicas, permitiendo un contacto más directo y efectivo entre el abogado y el interno, lo que es crucial para una defensa adecuada.
En concreto, las comunicaciones podrán celebrarse en dependencias específicas dentro de los centros penitenciarios, donde se garantice que el control del funcionario encargado sea solo visual, sin interferir en la confidencialidad de la conversación. Este cambio se produce tras varias resoluciones judiciales que han autorizado este tipo de comunicaciones para facilitar el intercambio de documentación y el uso de dispositivos electrónicos como ordenadores y tablets, herramientas esenciales en la defensa legal moderna.
El Real Decreto 268/2022, que introdujo esta reforma, se fundamenta en la creciente influencia de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito penitenciario, lo que ha llevado a la adaptación de las normas para incluir el uso de videoconferencias y otros medios digitales. Esta evolución es especialmente relevante en un contexto donde la justicia digital se está convirtiendo en la norma, y donde garantizar el derecho de defensa pasa también por facilitar el acceso a estas herramientas.
Las direcciones de los centros penitenciarios tienen ahora la tarea de habilitar espacios apropiados para estas comunicaciones, sin barreras físicas, lo que refleja un enfoque más humano y respetuoso hacia los internos. Este cambio, que se alinea con las nuevas exigencias tecnológicas y jurídicas, muestra un compromiso claro con la mejora de las condiciones de comunicación entre reclusos y sus defensores.
En conclusión, esta medida es un avance necesario y bienvenido. Al permitir que los abogados y los internos se comuniquen sin barreras físicas y con el apoyo de tecnologías modernas, se refuerza la protección del derecho de defensa y se da un paso más hacia un sistema penitenciario más justo y eficiente. Es una señal positiva de que el sistema penitenciario no solo se adapta a los cambios sociales y tecnológicos, sino que también coloca los derechos fundamentales en el centro de sus prioridades.
