La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) consideran que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, debe dejar su cargo a la mayor brevedad posible por no haberse abstenido en el denominado ‘caso Stampa’, relativo a las diligencias de investigación que se siguieron contra el exfiscal del ‘caso Villarejo’ Ignacio Stampa, por un presunto delito de revelación de secretos.
En un comunicado, recogido por Europa Press, AF ha solicitado su «inmediata dimisión» criticando «sus actuaciones y decisiones erráticas y sectarias y su flagrante incumplimiento de los estándares éticos más elementales». Una serie de comportamientos, añaden, que «sitúan permanentemente a su persona y a la institución que dirige en el punto de mira».
Y todo ello a raíz de las publicaciones que recogen este martes la prensa sobre las comunicaciones internas del Ministerio Público que reflejan que Delgado fue informada sobre el ‘caso Stampa’, a juzgar por un correo electrónico de 4 de diciembre de 2020 que le envió el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink.
La AF ha lamentado el «reproche público permanente», el «grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal» y el «enorme quebranto de la confianza que la ciudadanía puede depositar en ella» que provoca la figura de Delgado. «Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los demás principios constitucionales que rigen el Ministerio Público», añaden.
En esta línea, la AF recuerda que los vocales electos por la lista de la asociación «recurrieron en vía contencioso-administrativa la decisión de la FGE de no facilitarles el expediente disciplinario abierto» a Stampa, «por entender que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal» no ayudaba «a despejar las dudas creadas», afectando al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas.
Por su parte, APIF ha instado a que su cese se produzca «de manera automática ante la gravedad de las nuevas revelaciones». «Todo este asunto muestra, a nuestro entender, muestra que la Fiscalía General no está dirigida por la persona idónea», ha señalado la APIF a la vez que ha subrayado que «la infracción del deber de abstención debe determinar de manera automática el cese de la fiscal general» y que el secretario técnico «no debería permanecer ni un día más en el puesto».
Desde la asociación han asegurado que «hay que instaurar un sistema de contrapesos al absoluto control de la institución que ejerce el fiscal general». Así, han insistido en que la transparencia en el conjunto de actuaciones internas no debe ser «voluntaria» por parte Delgado, sino una obligación legal.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Así las cosas, han indicado que «la Fiscalía, en las condiciones actuales y salvo reformas estructurales muy importantes, no está en condiciones de asumir hoy día las investigaciones de los delitos, por el riesgo de que los derechos de los investigados se vean conculcados de la misma forma que lo han sido los del Sr. Stampa».
Además, la APIF ha señalado que el Consejo Fiscal debe funcionar como garante de los derechos de los fiscales y no como «órgano acrítico con el FGE hasta que la evidencia de los abusos se precipita sobre el mismo». Y ha considerado necesario que se instaure «un tipo específico de tráfico de influencias en el Código Penal que permita incluir conductas como las perpetradas en el presente caso».
La asociación ha insistido en que las correo ahora publicado revela que el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, comunicaba el conjunto de incidencias que afectaban al caso de Stampa, y acredita que fue Delgado quien «solicitó» dicha información; que la solicitó con «urgencia»; y que se le informó cumplidamente de «los datos objetivos, sin realizar valoraciones», ofreciéndole asimismo las ampliaciones que se estimaran. «Es decir, que intervino», ha señalado la APIF.
CONTRARIO A LO QUE INFORMÓ DELGADO
«La fiscal general del Estado intervino, contrariamente a lo que se informó al Consejo Fiscal, de manera muy relevante en el conjunto de actuaciones penales que se abrieron contra el fiscal Sr. D. Ignacio Stampa, manteniéndose las mismas abiertas de manera artificial durante el tiempo necesario para hacer imposible que el mismo tuviera oportunidad alguna de obtener una plaza que solicitaba y que llevaba aparejado continuar con el asunto que involucraba a varios individuos defendidos por el despacho de la pareja de la Fiscal General», ha subrayado la asociación.
En este sentido, la APIF ha calificado el asunto de «gravísimo». «Cuando en noviembre de 2021 solicitamos que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre el caso dado que se observaban en el mismo que «estaba presuntamente plagado de irregularidades» no nos equivocábamos», ha remarcado.
